Empezó a trabajar con 23 años en el Ayuntamiento de Cádiz en los Servicios Sociales comunitarios y en total lleva 28 años ejerciendo esta profesión. A Pilar Tubío le cogió todo el inicio del Estado del Bienestar, por lo que se puede decir que su desarrollo profesional ha sido parejo al desarrollo de los servicios sociales en España. Después se especializó en Intervención Sistémica y no ha dejado de formarse porque su campo de acción obliga a estar al día ya que las leyes van cambiando continuamente y han ido surgiendo áreas especializadas.
¿Cuánto tiempo lleva ligada al colegio?
—Cuando el Consejo Andaluz de Trabajadores Sociales estaba en Cádiz capital, los compañeros me pidieron colaboración. En aquella época no me podía implicar mucho porque mi trabajo me absorbía demasiado pero sí estuve como asesora. Hace un año hubo elecciones al colegio provincial y decidimos presentar una candidatura porque estoy un poco más descargada de trabajo y además había un colectivo de compañeros que decidieron apostar por esto dado el momento político y social en el que estamos inmersos. Salimos elegidos por mayoría aplastante y a partir de ahí hemos trabajado mucho porque hay mucho por hacer. Requiere que le dediquemos el tiempo que tenemos libre, pero es bastante enriquecedor. Me ha permitido conocer otras realidades y ampliar mi campo de visión y de conocimiento.
¿Todos los trabajadores sociales tienen que estar colegiados para poder desempeñar su labor?
—No. En principio por ley sólo están obligados aquellos que ejercen por libre. Si trabajas en la administración pública no es necesario. Ahora estamos pendientes de que salga la nueva ley de colegios profesionales, que va a suponer quitar la obligación de colegiación en muchas profesiones, algo que me parece una torpeza porque el hecho de estar colegiado ofrece garantías de protección a nosotros mismos y a la sociedad.
¿Cuántos colegiados hay en Cádiz?
—Casi 900.
¿Cuál es la situación de la provincia en materia de asuntos sociales y cuáles son los puntos geográficos más preocupantes?
—Hemos hecho un sondeo a nivel provincial y te puedo decir que la situación de los ayuntamientos de Cádiz y del resto de Andalucía es muy similar. Ahora mismo hay un colapso total en los servicios sociales municipales. En los últimos años la población que demanda nuestros servicios se ha triplicado, pero ese incremento no va parejo con la dotación de personal, todo lo contrario. Hay más gente necesitada y los recortes presupuestarios que nos afectan de lleno. En el mejor de los casos, con las mismas plantillas de hace diez años, se está atendiendo al triple de personas. Pero eso en el mejor de los casos, porque en la mayoría se ha reducido el personal. En aquellos municipios donde no ha habido recortes, las vacantes no se cubren, las bajas no se sustituyen, con lo que, en definitiva, todos los ayuntamientos están peor dotados que hace unos años. Esto ha llevado a las administraciones a tomar medidas paliativas y a aprobar proyectos para frenar las desigualdades y parchear. Y así surgen los decretos de inclusión social, los fondos de alimentos de Europa, etc. Todo esto requiere un trabajo que recae en los servicios sociales municipales porque no hay que olvidar que el ciudadano acude a la administración más próxima. No tenemos capacidad para atender a toda esa población que nos solicita.
Es decir, que un trabajador social no puede trabajar de 8 a 3.
—Eso por descontado. Pero ya no es sólo las horas, sino el desgaste emocial que tenemos porque estamos todo el día viendo la situación de emergencia social que hay y que no tenemos capacidad para darles respuesta. Cualquier cosa que se hace requiere de un trabajo burocrático tremendo que retrasa muchísimo y genera frustraciones. En estos momentos nuestra labor se está viendo mermada, porque nuestro trabajo no sólo consiste en administrar. Un trabajador social debe realizar un proceso de intervención social de las familias y de acompañamiento y eso no lo podemos hacer. Ahora mismo, nuestro trabajo es de despacho donde exclusivamente se gestionan los recursos.
¿Con esta situación de desbordamiento da lugar a que no podáis realizar valoraciones exhaustivas y se cuele gente que realmente no necesita ayuda o que salgan ganando unos en detrimento de otros que lo necesitan más?
—El trabajo social es mucho más que gestionar la prestación porque requiere un trabajo de apoyo, acompañamiento, intervención, que ahora mismo no se está ofreciendo. En los dos últimos años se está utilizando un discurso que va calando en la mentalidad social para hacernos más permisivos a las desigualdades. Vamos centrando los problemas en la responsabilidad individual de las personas. Es una visión de méritos, con lo que vamos descargando la responsabilidad pública. El hecho de que una persona abuse de un recurso o de una prestación no es el problema. Se está potenciando la idea de que hay muchos vividores, y de que el que quiere trabajar, trabaja. Esto es una falacia. La fractura social en España ha crecido en los últimos años un 45% y el 40% de las personas que residen en Andalucía se encuentran en situación de pobreza y exclusión social. El gasto público de España es inferior al resto de los países de la zona euro y además es de los que menos dedica en protección social, sanidad y educación. En cambio, estamos por encima en seguridad ciudadana, orden público, actividades recreativas, culturales, religiosas, etc. Hay que dejar de ver los servicios sociales como un gasto, y sí como una inversión, porque para que un país avance es importante frenar las desigualdades. A mí eso de que hay gente que se aprovecha de los recursos, no me vale, porque no es así.
Habrá de todo. Está demostrado que la gente vive de la economía sumergida porque de lo contrario ya se hubiese producido un estallido social.
—Es que no se puede sobrevivir de otra manera. No solamente tenemos la tasa de paro más elevada de España, sino que además, los trabajos son cada vez más precarios. Hace unos años cobrar mil euros nos parecía poco y ahora sin embargo lo consideramos un privilegio. Los trabajadores sociales somos unos sensores de lo que está pasando y lo cierto es que el empleo que se está generando es precario, a media jornada cuando en realidad se echan 8 horas diarias o más y todo eso por menos del salario mínimo interprofesional. Esto lo único que hace es mantener la pobreza y que las familias, incluso trabajando, sean incapaces de afrontar las necesidades básicas.
Pero hay que pensar más en dar la caña en lugar del pescado, porque de lo contrario, nunca vamos a aminorar la inversión social...
—Está claro que el trabajo es la base principal del sostenimiento de una familia y del desarrollo de una persona. La creación de empleo es fundamental y, a partir de ahí, la protección social. La protección social es tremendamente importante para evitar desigualdades.
¿Qué medidas concretas harían falta en los ayuntamientos en el área de servicios sociales?
—El marco normativo en España con respecto al sistema de protección está muy desfigurado y en Andalucía más todavía. Por un lado, tenemos una ley aprobada, que es la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local que entra en vigor el 31 de diciembre y que quita las competencias a los ayuntamientos en materia de asuntos sociales. Tenemos la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía que en la última legislatura se quedó en borrador y que ahora la presidenta de la Junta la ha puesto como prioridad. Estamos a la expectativa porque son los cimientos de las bases del sistema. El Gobierno central ha ido recortando en políticas sociales y es fundamental que apueste por el sistema de protección social porque sólo así podrán asumirlo las comunidades autónomas y, a su vez, las administraciones locales que son las que dan ese servicio realmente. El cuarto pilar del Estado del Bienestar es el sistema de servicios sociales y eso lo tiene que mantener el Estado.
¿Cómo valora la política municipal de vivienda que rige actualmente en los ayuntamientos?
—Es que tampoco hay una política de vivienda como tal. Hay una ley de promoción de la vivienda y de ayudas al alquiler, pero luego los ayuntamientos han actuado individualmente. Ahora parece que las nuevas corporaciones apuestan por proteger a las familias de los desalojos y desahucios y queda mucho por hacer, desde evitarlo, hasta negociar con entidades bancarias, etc. Esto no es nuevo, es algo que ya se sabía, pero sobre todo había que querer hacerlo ycreérselo. Las administraciones tienen que creerse que pueden hacer muchas cosas, desde prevenir, a llegar a acuerdos con los juzgados y tener alternativas a esas situaciones una vez que se han producido. Antes de que se ejecute un desahucio hay mucho trabajo que hacer. Es tremendo que la entidad bancaria trate a la persona en función de quien la acompañe. Hemos tenido casos de gente que no ha sido recibida ni escuchada, y cuando van con alguien ajeno a esa situación como puede ser un profesional del trabajo social, cambia la postura del banco totalmente. De entrada, se le escucha, y en muchos casos se buscan soluciones. Se podrían evitar muchas de las situaciones de desahucio. Ahora ha surgido un concepto nuevo, las familias ‘pluridesahuciadas’ que son las que han sido desahuciadas en más de una ocasión. Eso provoca una situación de estrés tremenda, y la gente no se imagina cómo llega a afectar psicológicamente a los menores el hecho de no tener la seguridad de un hogar.
¿Esos dramas pasarán factura a los adultos del futuro que ahora son niños?
—Hay estadísticas que reflejan cómo se ha incrementado la depresión en España y los índices de suicidio en edades comprendidas entre los 16 y los 26 años. Esto refleja algo. Vienen de sufrir dramas en sus casas, cuando son un poco más mayores no encuentran trabajo y en algunos casos no tienen la posibilidad de seguir estudiando.
¿Están detectando casos de jóvenes, válidos para estudiar, que han tenido que dejar sus estudios superiores porque tienen que ayudar a la familia?
—Muchos podrían haber accedido a la universidad y no tienen posibilidades. Y también los hay que empiezan y lo tienen que dejar porque sus padres no pueden hacer frente. Se creen que con una beca ya está todo hecho, pero en algunos casos no es así.
Muchos jóvenes, trabajadores, de clase media, tienen la sensación de que están abandonados por las administraciones y que tienen que pagar los platos rotos de gente que no ha actuado responsablemente. ¿Está de acuerdo con ellos?
—Es el discurso que ha calado en la mentalidad social y no es culpa de los que piensan así. Es lo que nos han querido hacer ver. En este país tenemos un grave problema que es una política que no genera empleo, ni apoya a los autónomos, y una política fiscal profundamente injusta. España está por debajo que el resto de los países europeos en volumen de impuestos, pero la política fiscal es muy desigual. Las grandes fortunas y las multinacionales pagan muchos menos impuestos que la clase trabajadora. Yo no tengo derecho a ninguna prestación, mis hijos nunca han accedido a becas y, sin embargo, tengo que pagarlo todo. Es injusto, pero no es verdad que yo pago para que otro tengan ayudas. Ése no es el concepto, el concepto es que la política del Gobierno tiene que cambiar y fijar una política fiscal mucho más justa donde pague más el que más tenga. No todos tenemos las mismas oportunidades, por eso la protección social es tan importante. Pero claro, lo que han querido hacernos ver es que unos trabajamos para mantener a otros. Eso no es cierto. La responsabilidad pública y del Estado no la podemos perder, porque un país avanzado y justo debe tener una buena política de protección social.
¿Qué tasa de paro hay en su profesión?
—No sabría decir el porcentaje con exactitud pero evidentemente ha crecido en los últimos años porque además cada vez hay más personas tituladas. Desde 2009 a 2012 la figura del profesional del Trabajo Social en Andalucía había disminuido en un 6,12% y se ha incrementado la ratio de público atendido.
¿A cuántas personas atendía un trabajador hace 10 años y cuántas atendéis a día de hoy?
—Hemos triplicado la atención. Date cuenta que según los datos oficiales, la demanda de asistencia social en Andalucía ha aumentado en los últimos años en un 76%. La falta de empleo provoca muchos desajustes convivenciales. El tener las necesidades cubiertas y una estabilidad influye en todos los aspectos de la vida. 
¿Dónde esta la línea que diferencia la solidaridad de la caridad?
—Nosotros creemos firmemente en que la justicia social tiene que partir del Estado de Derecho. A partir de ahí, y de la defensa del sistema público de servicios sociales, la solidaridad nos parece estupenda. Siempre ha existido y siempre existirá, pero debe complementar al sistema pública. Tiene que ser un apoyo a las administraciones, lo que no puede ser es que la solidaridad sustituya a la responsabilidad pública. Europa ha dado a España una partida económica para alimentos y el Gobierno en lugar de invertir el dinero al sistema público de servicios sociales para garantizar la alimentación en muchas familias, optó por hacerlo a través de Cruz Roja Española y el Banco de Alimentos. Estas entidades sociales ni tienen capacidad, ni pueden, ni quieren. Esto es parchear y no hay mayor desigualdad que una familia tenga que ir a recoger los alimentos a una institución privada. No estábamos de acuerdo con esa política, pero una vez que está, nos hemos puesto a disposición de Cruz Roja y del Banco de Alimentos para ayudar. Las ONG son necesarias y tienen que seguir existiendo pero tienen que trabajar complementando la labor del Estado. La responsabilidad pública no se puede diluir y lo que se ha pretendido en estos últimos años es que esa responsabilidad disminuya en favor de esas entidades privadas, cuando realmente no es su competencia.
Valora la importancia de las ONG y demás entidades que ayudan a las personas que lo necesitan...
—Hemos trabajado siempre con muchas ONG porque toda la ayuda es poca, pero de un tiempo a esta parte algo que era complementario se ha convertido en la responsable de la ayuda social. Eso es como si yo quiero responsabilizar al colegio de la educación de mis hijos. El colegio es importante pero la familia es más importante todavía. Lo que no puede se es que la responsabilidad recaiga exclusivamente en el colegio.
Es decir, que se están privatizando los servicios sociales...
—Sí, y además en precario. Y no estamos de acuerdo con eso. Un país que quiera avanzar y que quiera que sus ciudadanos tengan una buena calidad de vida no puede ir por ese camino. El problema que más nos preocupa es que estamos superando la crisis pero las desigualdades no están desapareciendo. Cuando el crecimiento del país se estabilice, las desigualdades van a seguir existiendo porque la fractura es enorme. Y también nos preocupa esa mentalidad que ha ido extendiéndose de responsabilizar al individuo de sus desgracias en detrimento de la responsabilidad pública.
¿Quiere añadir algo más a esta entrevista?
—Sí. Me gustaría decir que el Consejo Andaluz de Trabajadores Sociales lo forman los ocho colegios de la comunidad autónoma y que hemos ultimado unos compromisos para garantizar el sistema público de servicios sociales en Andalucía, donde pedimos la aprobación de la ley andaluza, el incremento y refuerzo de personal de todos los servicios sociales municipales y una serie de compromisos mínimos que le vamos a exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía y a todos los partidos políticos porque estamos muy preocupados con la situación de emergencia social que hay. Vamos a intentar que los poderes públicos sean conscientes de las necesidades que hay. También vamos a hacer campañas para concienciar a la ciudadanía de que esto es un problema de todos y que el incremento de las desigualdades en nuestro país es mucho más grave de lo que pensamos y que nos afecta directamente a todos. Después de todo, todo el mundo se puede ver en algún momento de su vida en una situación de emergencia.
