El juzgado de instrucción 3 de Cádiz ha imputado los delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y administración fraudulenta al exdelegado de la Zona Franca, Miguel Osuna, y al actual director del consorcio fiscal, José Manuel Fedriani, en el denominado caso Quality Food.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, en este auto, la titular del juzgado, Rosa María García Jover, da por finalizada la instrucción de este caso, cuya investigación se inició hace once años, en 2004, cuando el propio Miguel Osuna denunció por diversas irregularidades al presidente de la empresa Quality Food, Manuel García Gallardo.
Un año antes, la Zona Franca de Cádiz, bajo el mandato de Miguel Osuna, había adquirido el 52 por ciento de las acciones de la compañía, que se había instalado en el 2001 en el recinto fiscal y se dedicaba a la elaboración y distribución de comidas precocinadas.
Según ha explicado la jueza en otros autos, el consorcio público pagó más de 5,4 millones de euros, frente a los 1,4 que hubiera tenido que afrontar con una "valoración independiente" del valor de las acciones de una firma que entonces tenía ya unas pérdidas de cerca de seis millones de euros.
El caso dio un vuelco en el 2012 cuando la Abogacía del Estado presentó un informe al juzgado que desbarataba la hipótesis de Miguel Osuna de que había sido engañado por el empresario y determinaba que él había presuntamente participado en los delitos.
En el auto emitido ahora, la jueza imputa los delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y administración fraudulenta a Miguel Osuna.
El exdelegado del consorcio fue absuelto, en una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo, del caso Rilco, otro asunto investigado dentro de la Zona Franca de Cádiz por el que su antecesor, Manuel Rodríguez de Castro, está en búsqueda y captura desde el pasado mes de abril para cumplir una condena de ocho años de prisión.
La jueza del caso Quality Food imputa los tres mismos delitos a José Manuel Fedriani, que entonces era jefe de gabinete de Miguel Osuna y hoy es director de la Zona Franca de Cádiz, y al que fuera presidente de Quality Food, según las citadas fuentes.
A este último la jueza le imputa también un delito de estafa, en un auto en el que acusa de este y otros delitos a varios familiares del empresario relacionados con su entramado societario y a un director bancario que avaló operaciones de Quality Food.
El que fuera primer teniente de la alcaldesa de Cádiz y consejero de Zona Franca por el PP, Ignacio Romaní, que llegó a ser citado como imputado en este sumario porque participó en la votación en la que se aprobó la compra de las acciones, ha quedado fuera de la lista de acusados de este auto, según las fuentes.
Tras este paso, el fiscal y las partes personadas serán emplazadas a presentar sus escritos de conclusiones provisionales, tras los que este caso llegará a estar listo para la celebración del juicio.
