Imaginese usted que es un enfermo crónico (un diabético por ejemplo) que va al centro de salud más próximo, a recibir su tratamiento como de costumbre, y que de pronto el enfermero que habitualmente lo recibe lo deriva a su médico de cabecera para que éste le vuelva a prescribir el medicamento que hasta ese momento estaba tomando. O imagínese que acude al hospital con una brecha y que el enfermero que lo recibe en el triaje no puede colocarle ni un simple apósito sin prescripción médica. O más sencillo aún, que se tiene que poner una vacuna y el enfermero no puede ni usar ni indicar a sus pacientes ese medicamento por estar sujeto a prescripción médica. Pues este sinsentido puede convertirse en el día a día de centros sanitarios y hospitales una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado el Decreto aprobado por el Ministerio de Sanidad, saltándose a la torera el acuerdo alcanzado por la Mesa de la Profesión Enfermera e incumpliendo la Ley del Medicamento.
Hay que decir que a esta situación se llega tras años de negocación con el Gobierno y después de redactar más de 90 borradores que no contaban con el beneplácito de todos los afectados, o más bien de un pequeño sector de la profesión médica, que ve en este decreto una amenaza, cuando en realidad de lo que se trata es de dar cobertura legal a una profesión que realiza estas funciones a diario, porque están capacitados para ello, disponen de la formación universitaria necesaria y, porque de lo contrario provocaría un bloqueo en el normal funcionamiento de Sistema Nacional de Salud.
Por este motivo, el Colegio de Enfermería de Cádiz y Satse Cádiz se unieron esta mañana en una rueda de prensa para rechazar conjuntamente este Decreto que “traiciona y engaña” a la profesión al modificar, en el último momento, el texto del Decreto y aprobar una normativa que “deteriora la calidad asistencial que se ofrece a los ciudadanos”, expresó el presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos. Se da la circunstancia, además, de que ese texto inicial fue ratificado por las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud.
Por este motivo, tanto el Colegio como Satse han reiterado que, una vez que entre vigor el Decreto, los enfermeros tendrán que modificar su forma de actuar si no quieren ir contra la Ley y su propio Código Deontológico, porque, de lo contrario, cometerían un delito de intrusismo. Esto se traducirá, inevitablemente, en un colapso del sistema.