El Gobierno aprobó ayer un proyecto de Ley de Extranjería que castiga a quien incita y apoya la inmigración ilegal pero no al “acogimiento humanitario”, y que amplía el plazo de internamiento a 60 días pero aumenta las garantías y garantiza el apoyo de las ONG.

Así lo aseguró la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que apuntó que con este nuevo texto se pretende “pasar de una ley de extranjería a una de inmigración”.

El proyecto de Ley, cuyo nombre oficial es Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, será enviado al Congreso para su tramitación parlamentaria.

El texto, que incorpora la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y transpone las directivas europeas, es “equilibrado y garantista”, aseguró De la Vega.

Con esta reforma, el Gobierno confía lograr una inmigración “legal, ordenada, integrada, con derechos y obligaciones de ciudadanos”, para lo que ha “apostado por el consenso, el rigor y la eficacia”.

Así, la vicepresidenta destacó que el proyecto de ley “perfecciona el sistema de flujos migratorios en función del mercado de trabajo”, aumenta lucha contra la inmigración irregular y favorece la integración de los inmigrantes mediante iniciativas educativas.

También se reforma el sistema de la agrupación familiar, aplazando la de los ascendientes hasta que tengan 65 o “existan casos humanitarios” y posibilitando la de la parejas de hecho.

Tras destacar ciertos aspectos de la ley, que ahora comienza su trámite parlamentario, De la Vega expresó su confianza en que “todos los grupos políticos busquen, desde la responsabilidad, el consenso que necesita esta ley” y aseguró que el Ejecutivo por su parte mantiene “el espíritu de diálogo” con que se abordó la reforma.

Así, la vicepresidenta recordó que el texto incorpora las aportaciones de organismos como el Consejo Económico Social, la Conferencia Sectorial de Inmigración, la Comisión Interministerial de Extranjería o el Foro de Integración Social de los Inmigrantes, añadió.

Entre las novedades, cabe destacar que la nueva ley persigue la promoción de la inmigración irregular pero deja “fuera de toda duda” que no se va a perseguir la acogida humanitaria.

El texto también mejora las garantías en los procedimientos de expulsión introduciendo el principio de proporcionalidad para graduar las propuestas de sanción.

Además, se acotan las posibilidades de suspensión del plazo de internamiento a los supuestos de solicitud de asilo o hábeas corpus, por un tiempo tasado y se establecen los plazos máximos de suspensión.

En cuanto a los menores no acompañados, el texto prevé la celebración de una audiencia del menor en los procesos de repatriación.

El proyecto contempla una serie de mejoras en la lucha contra la inmigración irregular que persiguen profundizar en los instrumentos preventivos, aumentar la eficacia de los procedimientos de repatriación y la mejora de las garantías en las distintas situaciones.

Así, está prevista la creación de un registro de entradas y salidas de los extranjeros para mejorar el control preventivo de la estancia irregular.


CUARTA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA EN OCHO AÑOS


El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de ayer un proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración que supone la cuarta reforma de ley de extranjería en ocho años.

El texto aprobado ayer reforma la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero de 2000, que a su vez a sido objeto de numerosas modificaciones en su reglamento a lo largo de los años.

En vigor desde el 1 de febrero de 2000, la ley fue modificada por primera vez un mes más tarde, cuando el PP ganó las elecciones de marzo de 2000 y promovió una reforma que recortaba los derechos de los inmigrantes indocumentados que fue aprobada en diciembre de ese año.

En aquella ocasión, se reguló la posibilidad de expulsar a los inmigrantes ilegales, así como la anulación de los derechos de reunión, asociación, manifestación, sindicación y huelga.