La defensa del jefe de tramoya del Teatro Falla de Cádiz ha presentado recurso de apelación a la sentencia dictada por la titular del juzgado de instrucción número 4 de la capital que condenaba por un delito leve continuado de “coacciones” de un “delegado sindical” al que fuera coordinador técnico de las instalaciones municipales.
Dicha defensa corre a cargo del letrado Felipe Meléndez que manifestó a este medio que “se ha recurrido ya porque no se estaba conforme con la sentencia”. Según el abogado gaditano “no hay ninguna prueba que incriminase” al denunciado.
Mientras tanto, según los hechos probados de la sentencia, destaca que el denunciante era nombrado en comisión de servicios como coordinador técnico de dicho teatro. Tras realizar, en el ejercicio de sus funciones, el primer cuadrante de turnos, el denunciado, representante del equipo de tramoyistas, “acudió a su despacho para mostrarle su disconformidad, y ante la negativa a modificar los horarios ya fijados, acudieron al despacho de la directora del Falla”, quien dijo que había que estar al horario establecido por el coordinador.
Desde ese momento, continúa en la sentencia la magistrada, “han sido continuos los obstáculos puestos por el denunciado al denunciante para que éste pudiera desarrollar con normalidad su trabajo, cuestionando sus funciones y haciendo indicaciones al personal de tramoya para que no prestaran los servicios que el coordinador indicaba, llegando a fotografiar al denunciante cuando supervisaba algún tipo de servicio”.
En este ambiente tuvo lugar el episodio de la cuerda con un nudo de ahorcado, que dice la jueza en los hechos probados, fue colocado por el denunciado. A consecuencia de esto el denunciante fue dado de baja por un cuadro de reacción depresiva prolongada.
Reacción
Por otro lado, el que fuera delegado de Personal durante la última legislatura de Teófila Martínez en el Ayuntamiento de Cádiz, José Blas Fernández, manifestó tras tener conocimiento de la sentencia, en primera instancia, que “ahora lo que debería hacer el equipo de Gobierno es abrir un expediente disciplinario por parte de la delegación municipal de Personal a la persona que ha incurrido en este caso de coacciones”.
A ello añade que hay que “tener en cuenta los hechos probados que se incluyen en la sentencia, donde se pone de manifiesto las presiones que recibía el denunciado en el trabajo” y por ello, Fernández considera que “la empresa debe empezar a vigilar lo que ocurre en sus sedes laborales”.
Fernández considera que se deben “depurar las responsabilidades” de manera “automática” y “abrir expediente al denunciado, ya sea a través de la comisión que acaban de poner en marcha para evitar episodios de acoso laboral o con cualquier otra herramienta”.
Aunque es consciente que la sentencia “no es firme, no se debería esperar ni postergar en el tiempo, y el delegado de Personal debe tomar cartas en el asunto”.
El resto de partidos políticas optó por no posicionarse ante esta condena en primera instancia.
Cabe recordar que hace una semana el Ayuntamiento aprobaba un “protocolo contra el acoso laboral”, que se aprobaba este jueves en la Junta de Gobierno local. Dicha iniciativa no surge de la mano del equipo de Gobierno, ni de un programa electoral, sino que se ha puesto en marcha “por imperativo legal, igual que se ha hecho con el protocolo contra el acoso sexual”.
A juicio del Gobierno local “es un protocolo que deben tener los ayuntamientos para dar respuesta a los trabajadores” que así lo demanden, igual que los representantes sindicales. El objetivo es “garantizar que se cumplan todos los derechos de los trabajadores y que no se vulneren, como institución que somos”, dijo el Gobierno local.
