La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, opinó ayer que el pecado “es un concepto que se sitúa en el ámbito de las creencias y no tiene ninguna cabida en el ordenamiento jurídico” y que corresponde al Ejecutivo legislar “sin injerencias”.

De la Vega se refería así en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a la opinión del portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, sobre el proyecto de ley del aborto.

“La Iglesia tiene todo el derecho a opinar sobre los debates sociales pero es a los gobiernos y a los parlamentos a quienes corresponde aprobar las leyes y desarrollar las políticas, y además el derecho de hacerlo sin injerencias de ningún tipo”, indicó.

Dijo que los obispos “saben muy bien” que en democracia los poderes públicos y el Parlamento actúan con plena independencia.