El Consejo de Transparencia de Andalucía ha emitido resolución contra el Ayuntamiento de San Roque por la negativa a identificar a dos agentes de Policía Local que, según se denunció en su momento, se negaron a denunciar vehículos que ocupaban plazas para personas con movilidad reducida (PMR).
Estos agentes -relata DCA- acudieron a un aviso cuando la conductora de un todoterreno, con matrícula extranjera, ocupó una PMR para dejar a un menor en la guardería y se fue “al parecer a jugar al pádel en otro vehículo”, explica el colectivo. En base a este relato de los hechos, el todoterreno permaneció ocupando la PMR “sin ninguna acreditación durante toda una mañana, impidiendo que los usuarios que pudieran necesitarlo la usaran”, se lamenta DCA.
“Al llegar los agentes comprobaron la infracción pero no lo denunciaron”, comenta DCA. Sin embargo, al día siguiente se trató de poner una denuncia voluntaria ante los agentes que patrullaban la zona respondiendo éstos que ellos fueron los que acudieron, pero que no denunciaban porque podía estar averiado”, relataron desde DCA.
El vehículo -detalla DCA- “era un todoterreno de gama alta con menos de dos años de antigüedad, pero cuando el denunciante trató de mostrarles un video en el que la conductora subía al mismo con su equipo de deporte abandonando la plaza sin problemas los agentes abandonaron el lugar en su vehículo sin mediar palabra”.
“Se ha tratado de saber si la Jefatura de Policía respalda la actitud de los agentes, tanto de no denunciar por si está averiado como de no atender a la ciudadanía acelerando para no dar explicaciones, sin que hasta la fecha la Jefatura de Policía Local haya atendido la petición”, incide DCA.
“La excusa que desde la Secretaría General del Ayuntamiento se utilizó para no identificar a los agentes fue que como no han denunciado nada, no existen documentos al respecto, aunque se solicitaba la identificación de los agentes que prestaban servicio en un lugar, fecha y hora determinados”, manifestaron desde el colectivo.
El Consejo de Transparencia considera que “no hubo un esfuerzo razonable para la búsqueda de la información” (identificación de los agentes que se negaron a realizar la denuncia), resolviendo que “deben facilitarse en el plazo de 10 días”. Al ser agentes de Policía Local, “esta identificación consistirá probablemente en su número de identificación profesional, algo que hasta el momento se ha negado”, comentaron desde DCA.
La asociación pedirá, a partir de esos datos, documentación para comprobar si, “determinados agentes no denuncian infracciones por distintos motivos”, aunque instan a no generalizar.
DCA recuerda que “existe una carencia de plazas para movilidad reducida, que están muy por debajo del mínimo legal”, y que muchas no tienen las dimensiones reglamentarias”.
Este diario contactó con el Ayuntamiento para recabar su versión sin obtener respuesta.
