La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha firmado con los alcaldes de 20 municipios de Cádiz el convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, instrumento puesto en marcha por su departamento que implica la apertura de oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en Andalucía.
Con esta rúbrica, los ayuntamientos de Grazalema, San Roque, Puerto Serrano, Sanlúcar de Barrameda, Castellar, Conil, Olvera, Espera, Alcalá del Valle, Medina Sidonia, Algar, Algodonales, Los Barrios, Bornos, El Gastor, Trebujena, La Línea de la Concepción, Paterna de Rivera, Tarifa y Benalup se suman al acuerdo marco ya rubricado en septiembre pasado por parte de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP).
Cortés ha destacado en su intervención que “estos 20 alcaldes han sellado su compromiso con la defensa del derecho a la vivienda, un derecho que la propia relatora de la ONU especializada en la materia subraya que está siendo sistemáticamente pisoteado en España, donde tantos ciudadanos han quedado atados de por vida a hipotecas que ya no pueden pagar, debido en gran medida a la pérdida de su empleo”.
La titular de Fomento y Vivienda se ha referido al incremento “preocupante” -un 62% más- de lanzamientos producidos en la provincia de Cádiz en el primer semestre de 2012, con un total de 1.053 desalojos realizados. A su juicio, “el proceso que se ha abierto con este programa va cosechando sus frutos, puesto que en la actualidad son ya 47 municipios, además de la Diputación de Huelva, las administraciones adheridas a este bloque político constituido para luchar precisamente contra este drama social”.
Asimismo, la titular de Fomento y Vivienda ha precisado que “aunque el Gobierno andaluz no puede cambiar la Ley Hipotecaria, del siglo XIX, ni la Ley de Enjuiciamiento Civil, o impedir que el Estado riegue de dinero público a las entidades financieras sin exigirles contrapartidas”, sí está haciendo un importante esfuerzo en el ejercicio de sus competencias “para plantar cara a esta lacra social, poniéndose del lado de las víctimas”. Además, ha explicado que “en esta forma de entender la vivienda, como derecho y no como mercancía, es donde se inserta, en octubre de 2012, la apertura de las oficinas provinciales del Plan Andaluz en Defensa de la Vivienda”.
En opinión de Cortés, “el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda demuestra que la política sirve para plantar a cara a acciones absolutamente injustas e insolidarias”, por ello anima a los ayuntamientos a continuar sumándose a este instrumento “para constituir un gran frente político contra un drama que está afectando a demasiadas familias”. “Haciendo fuerza estamos convencidos de que lograremos cambiar el modelo. La ILP que ahora debatirá el Congreso gracias a la presión social y política de organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o IU será una buena ocasión para que el PP deje de negar la evidencia de la clamorosa injustifica social que se está cometiendo con los desahucios”, ha añadido.
Junto a esta iniciativa, la consejera Cortés también ha detallado otros ejemplos de esa política de compromiso del Gobierno autonómico como la paralización de los desahucios en el parque público de viviendas en caso de endeudamiento sobrevenido por la pérdida del empleo. “Otra muestra de ese trabajo llegará con el próximo Plan de Vivienda y Rehabilitación, que tendrá un marchamo más social y transformador que el anterior y contará con la impronta de quien hace política escuchando a la calle, atendiendo a las víctimas de la crisis”, ha incidido.
Detalles del convenio
El acuerdo garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en estos municipios de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.
También se comprometen, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de las Delegaciones Territoriales de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.
El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública. Los ayuntamientos facilitarán a las Delegaciones Territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.
Estos acuerdos contemplan la constitución de una Comisión de Seguimiento par dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.
Balance de la oficina contra los desahucios de Cádiz
Elena Cortés ha hecho balance de la oficina de prevención, intermediación y protección contra los desahucios de Cádiz acogida al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, asegurando que durante los tres meses y medio de funcionamiento ha logrado evitar 97 desahucios.
Desde la puesta en marcha del programa, este punto de atención ha tramitado un total de 155 expedientes, de los que 24 se abrieron en el ámbito de la prevención, 97 en el área de la intermediación y 34 en protección.
En la fase de prevención, la atención se presta cuando aún no existe morosidad con la entidad financiera, y es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las condiciones para evitar los desahucios que recoge el decreto del Gobierno actualmente en tramitación o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas en contratos financieros que ya han firmado o prevén firmar. Estas 24 familias atendidas han recibido información y asesoramiento, evitando preventivamente la amenaza del derecho a la vivienda.
La intermediación es la más demandada por los gaditanos y está destinada a quienes ya tienen deudas con las entidades financieras, encontrándose por tanto en riesgo de desahucio. En este ámbito, los afectados acudieron solicitando información, asesoramiento y negociación en relación con sus problemas hipotecarios. De las 97 familias atendidas, la oficina ha resuelto favorablemente 44 casos y los restantes 53 se encuentran abiertos con expectativas de resolución.
Asimismo, de los 44 casos resueltos, seis lo han sido con intermediación temprana, donde la solución para estas personas ha consistido en el asesoramiento, con gestiones eminentemente informativas. Los restantes 38 expedientes cerrados con una solución satisfactoria, hasta alcanzar los 44 casos, lo han sido mediante negociación ante entidades financieras y juzgados con fórmulas como la dación en pago, el alquiler social, la reestructuración de la deuda hipotecaria, la renegociación de las cuotas o la paralización de subastas y lanzamientos.
Las 34 familias que se dirigieron a las oficinas para solicitar protección o bien tenían el desahucio ya ordenado o bien habían perdido su vivienda habitual. En el primer caso, desde este servicio se ha contactado con la entidad financiera o con los juzgados, según corresponda, para evitar o dilatar en lo posible la ejecución. En el segundo, estos puntos ofrecen no sólo la ayuda y asesoramiento para su inscripción en el registro municipal de demandantes, sino también la garantía de contactar con los servicios sociales del Ayuntamiento que corresponda para facilitar soluciones de emergencia, tanto habitacionales como de cobertura de las necesidades básicas. La oficina de Cádiz está comprando si los afectados ya desahuciados que acuden en la fase de protección han encontrado alguna solución de emergencia, bien con sus familiares o de realojo, y están debidamente atendidas en el aspecto social.
