El Ayuntamiento de San Roque se ha sumado hoy, miércoles, al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, promovido por la Junta de Andalucía. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha recordado que desde la empresa municipal Emroque se viene prestando desde hace tiempo apoyo a las familias en riesgo de perder su vivienda por desahucio o lanzamiento judicial por ejecución hipotecaria, por lo que la firma de este acuerdo supone apuntalar esta política social.
El teniente de alcalde delegado de Presidencia, Juan Manuel Ordóñez, ha sido el encargado de firmar el documento en nombre del Ayuntamiento de San Roque en un acto que ha tenido lugar en la Delegación Territorial de Vivienda, en Cádiz. El primer edil y el mismo Ordóñez han presentado luego el contenido del convenio en la sala de prensa de Alcaldía.
El objeto del convenio es “establecer las líneas de colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para ofrecer a los residentes en el municipio de San Roque el asesoramiento, la intermediación y la protección adecuadas para prevenir que, como consecuencia de la actual situación de crisis económica, puedan perder su residencia habitual y permanente”.
Entre otras medidas, se recoge la prestación de asesoramiento a los ciudadanos en estas materias, así como a realizar con carácter de urgencia los informes necesarios en el caso de que las personas asesoradas estén en riesgo de exclusión social. Además, ambas administraciones se comprometen a propiciar el realojo provisional en una vivienda pública en régimen de arrendamiento de las personas que hayan sido desahuciadas de sus viviendas si éstas se encuentran en riesgo de exclusión social.
El alcalde mostró su deseo de que todos los ayuntamientos de la provincia de Cádiz se sumen a este programa, y recalcó que desde el Consistorio sanroqueño “se continuará estando junto a las familias que no pueden pagar sus viviendas debido a la crisis”.
Entre las medidas que ya lleva a cabo Emroque en este campo, citó el apoyo económico en varios casos, así como actuaciones de realojo.
Respecto a “la minoría” que “no pagan porque no quieren (las viviendas de protección oficial que han recibido)”, el primer edil señaló que “se seguirá trabajando. Queremos regularizar esta situación, ya que durante años se ha tenido demasiada permisividad”.
El primer edil recordó que la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna, y señaló que a las administraciones corresponde “dar solución” a estos casos de desahucio y lanzamiento judicial, cada vez más frecuentes como consecuencia de la crisis económica.
