El PSOE presume de haber conseguido que Cañete se vaya sin vender La Almoraima

Publicado: 11/04/2014
El diputado Francisco González Cabaña se muestra convencido de que “quien le sustituya en el Ministerio tampoco podrá realizar una operación especulativa promovida por Arias Cañete para favorecer a terceros”
El diputado por la provincia de Cádiz, Francisco González Cabaña, insta al Gobierno de Mariano Rajoy que aproveche el cambio en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente motivado por la salida de Miguel Arias Cañete para “desistir en la idea de vender la finca pública La Almoraima, una operación que responde a intereses especulativos y que ha tenido en Arias Cañete a su principal valedor”.

González Cabaña se congratula porque, pese a los intentos del ministro en los últimos meses, abandone ahora el cargo sin poder enajenar esta finca con una extensión de más de 14.000 hectáreas ubicada en pleno Parque Natural de Los Alcornocales, “Hemos conseguido que Arias Cañete se vaya del Ministerio sin poder vender La Almoraima y desde el PSOE vamos a conseguir, desde todos los frentes posibles, que la persona que lo sustituya en el cargo tampoco pueda vender este patrimonio público del Estado”.

“Con la excusa de reducir el déficit público, Miguel Arias Cañete ha tratado de privatizar una finca que es patrimonio de todos los españoles a través de un ‘pelotazo urbanístico’ promovido por el Gobierno para beneficiar a terceros, sin reparar en el daño irreversible sobre las actividades tradicionales de la zona y el posible impacto medioambiental sobre el Parque Natural de Los Alcornocales y su entorno más cercano”, ha valorado González Cabaña.

La salida de Arias Cañete del Ministerio es, por tanto, saludada por el diputado socialista, que espera que suponga un cambio de criterio del Ministerio respecto a La Almoraima. “El Gobierno, si tiene voluntad, todavía esta a tiempo de frenar una venta promovida por Arias Cañete que provoca un rechazo generalizado en amplias sectores de la sociedad andaluza porque pretende poner en manos de la iniciativa privada y de la especulación una de las zonas con mayor riqueza medioambiental de España”.

El diputado socialista, que defendió a finales del pasado mes de noviembre una proposición no de ley en contra de la venta de la finca que fue apoyada por el resto de partidos presentes en el Congreso, salvo el PP, ha recibido esta semana una respuesta parlamentaria del Gobierno a una pregunta en la que se demandaba información sobre el procedimiento y las condiciones que contempla el Ejecutivo  para la venta de La Almoraima.

En la contestación remitida a González Cabaña, el Gobierno admite que no hay hasta el momento ninguna valoración económica de La Almoraima que permita convocar un concurso público de venta, de ahí que el diputado socialista se pregunté por los criterios que ha utilizado el Ministerio para cifrar en  300 millones el precio de salida de la operación para enajenar estos terrenos públicos.

González Cabaña recuerda que el Ministerio confirmó a los medios de comunicación esta cantidad de 300 millones a principios del pasado mes de enero, después de una reunión de Miguel Arias Cañete con la consejera de Medio Ambiente.

En la respuesta parlamentaria transmitida al diputado socialista, el Gobierno reconoce que “no es posible conocer las condiciones del concurso” para la venta de La Almoraima mientras no se publique “en primer lugar un concurso público para asesoramiento financiero-económico que permita realizar una valoración de la empresa La Almoraima, S.A. y sobre esta valoración se convoque un concurso público de venta”.

El diputado socialita respalda los planes de la Junta de ampliar el Parque Natural de Los Alcornocales para impedir proyectos especulativos asociados a la intención del Gobierno de poner en venta La Almoraima y recuerda que el PSOE ha registrado a principios del pasado mes de febrero una nueva proposiciones no de ley en la que se insta al Gobierno a paralizar la enajenación de la finca pública y su la cesión a la Junta de Andalucía “o, en su caso su transmisión a ésta, una vez acordado su precio, con cargo a las cantidades adeudadas por el Estado a la comunidad autónoma andaluza, en base a la Disposición Adicional III del Estatuto de Autonomía para Andalucía, como forma de garantizar la explotación y conservación de dicha finca, desde el respeto a los valores medioambientales y el desarrollo integral de la zona”.

 

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