CSIF exige a la Diputación provincial que proceda urgentemente a convertir en indefinidos a 34 trabajadores eventuales –con contratos en fraude de ley- de los servicios de las residencias de mayores de la provincia, cumpliendo así con el requerimiento oficial de la Inspección de Trabajo.
El plazo que dio la Inspección a la Diputación para que regularizara la situación de los trabajadores de las residencias de La Línea, Cádiz y El Puerto de Santa María expiró hace un mes (incluyendo un mes de prórroga) y la Corporación provincial, desde entonces, tan sólo ha ejecutado la conversión en indefinidos de 9 de los 43 trabajadores eventuales que desarrollaban su labor en estos centros dependientes del área de Bienestar Social de la Diputación.
Concretamente, la Inspección ha ordenado la conversión en indefinidos de tres trabajadores, mientras que los otros cuarenta han de pasar a tener contrato de indefinido discontinuo (que trabajan por temporadas).
Ante esta situación, CSIF advierte a la Diputación de que puede ser sancionada al no acatar la orden de la Inspección. Una sanción que, al final, acabarían pagando todos los ciudadanos, al tratarse la Diputación de un organismo público.
El requerimiento de la Inspección de Trabajo viene de una denuncia previa de CSIF, que alertaba a la Diputación de la situación irregular de dichos 43 trabajadores, los cuales han ido encadenando contratos eventuales, en algunos casos desde 2002, siendo esto un fraude de ley.
Para CSIF, este el segundo varapalo que sufre la plantilla de los servicios sociales de la Diputación después del cierre de la Residencia de mayores de La Línea, que se llevó a cabo hace unos días.
