Hace años que no sigo la gala de los Óscar, aunque en esta ocasión tenía cierta curiosidad por ver cómo apuntaba la gente de la industria del cine a Donald Trump. Ocurrió que, entre sus ideas y sus piscinas, eligieron sus piscinas. Nadie se atrevió, ni siquiera un presentador tan punzante como Conan O’brien, que prefirió tirar de valentía haciendo bromas a costa de Karla Sofía Gascón, que no tiene quien la defienda, ni siquiera un Will Smith a su lado.

Lo más cerca que estuvo Trump de ser citado en la ceremonia fue con motivo de las nominaciones de Sebastian Stan y Jeremy Strong, los protagonistas de El aprendiz, la muy consistente película que relata los comienzos de la carrera profesional del actual presidente de los EEUU y las tres reglas en las que ha sustentado su ascenso hasta la cima del mundo: ataca siempre, niégalo todo y date por ganador aunque hayas perdido -basta con verlo en los telediarios-.   

Sobre los premios, lo siento por Ralph Fiennes, sensacional en Cónclave, pero me alegro por Anora y por su fascinante protagonista Mikey Madison. Además de ser la más modesta de entre las aspirantes, es una película que rebosa autenticidad a partir de un discurso que tumba estereotipos, a veces de forma graciosa y en otras juiciosa, lo que la hace singular y diferente, a la par que, en parte, versión “guarra” y honesta de Pretty woman.

Y como diría Forrest Gump, eso es todo lo que tengo que contar de los Óscar. O como le gusta decir a Afra Blanco, “hablemos de las cosas de comer”, aunque ella interprete eso mismo a su manera. “Cosas” como la entrada en vigor de un decreto ley aprobado en el Parlamento andaluz para adoptar medidas urgentes en materia de vivienda.

Ese decreto incorpora dos cuestiones de relevancia. De un lado, la Junta da un plazo de tres meses a los ayuntamientos con más de cien mil habitantes para que presenten un documento con la bolsa de suelos municipales disponibles para la construcción de vivienda asequible, que suena a trampantojo. Del otro, permite la suspensión de la concesión de nuevas licencias de uso turístico para priorizar el uso residencial.

Lo que queda por dilucidar ahora es su eficacia, ya que en el caso de las viviendas turísticas es una decisión estratégica -en función de la realidad del municipio- y política -alivia la presión social sobre ayuntamientos-, pero en el de facilitar suelos para vivienda protegida y asequible hay poco margen de respuesta frente a la que es una necesidad acuciante y compartida por muchas ciudades: la falta de vivienda pública en régimen de alquiler social. 

Esta semana, en el espacio Siente Cádiz, de 7 TV, coincidían cuatro exalcaldes de la provincia que tienen mucho que decir al respecto, ya que promovieron vivienda de alquiler cuando gobernaban en sus ayuntamientos: Pedro Pachecho, Antonio Moreno, José Antonio Barroso y Francisco González Cabaña.

Los cuatro coincidían en que el decreto comete el error de volver a hablar de “vivienda en propiedad”, que “forma parte del ADN del andaluz y del español, pero no es el modelo que resuelve el problema social de la falta de alquileres”, apuntaba Cabaña, que no sólo señalaba a Juanma Moreno, sino que generalizaba en torno a la clase política municipal al preguntarse “qué tienen en la cabeza para perder la sensibilidad que tuvimos nosotros con el tema de la vivienda; cómo han cambiado los esquemas de valores y prioridades”. 

Puede que no sea tan fácil responder a ambas preguntas, porque entre su etapa de gobierno y el presente no media un abismo, pero sí una crisis inmobiliaria que lo ha condicionado todo. Falta voluntad, limitada al “bienquedismo”, pero también falta dinero, y eso mismo es lo que refleja el decreto, que ante todo pretende dar una salida airosa a los ayuntamientos frente a un problema, el del incremento de la vivienda turística, que en algunos casos ni siquiera es real, sino extrapolado por quienes han hecho de la causa bandera y pancarta, como está ocurriendo en Jerez.