La delegada municipal de Urbanismo, Marisol Ayala (PVRE), ha informado hoy que la Junta de Andalucía no autoriza a Chiclana a aplicar la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 2/2012, de 10 de enero, para edificaciones y asentamientos fuera de ordenación, según un informe emitido por la Administración Andaluza.
En referencia a las declaraciones efectuadas esta semana por el PSOE chiclanero, Ayala ha indicado que no ha querido manifestarse sobre este asunto “porque tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Chiclana han decidido actuar con total discreción y evitar declaraciones, que puedan confundir a la ciudadanía, por la lealtad institucional que prima entre ambas”. Sin embargo, ha añadido que “me he visto obligada a responder al PSOE, ante las últimas declaraciones efectuadas por ellos y que muestran un desprecio absoluto hacia los chiclaneros y chiclaneras”.
Así, en referencia a las declaraciones efectuadas ayer por la socialista Cándida Verdier sobre la licencias exprés, Ayala ha afirmado hoy que “la derogación de las ordenanzas elaboradas por el PSOE para la regularización de determinadas viviendas fue consecuencia de la anulación de anterior Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)” y ha recalcado que “además, la ineficacia de esta regulación quedó confirmada cuando, de 150 viviendas que se acogieron a la misma, sólo dos han logrado regularizarse tras tres años de burocracia, más de 250 páginas de incompatibilidades urbanísticas y una exagerada suma de dinero desembolsada por los propietarios”.
Por ello, la edil también ha explicado que “nos gustaría que el Partido Socialista de Chiclana no omitiese los datos que, según ellos, no son interesantes para la ciudadanía como, la desorbitada cantidad de dinero que han tenido que desembolsar los propietarios de estas viviendas, lejos del poder adquisitivo de la media de la población chiclanera”.
En este sentido, la citada concejala ha reiterado que “las ordenanzas que desarrolló el PSOE, encarecían el proceso de regularización, sumergían a los propietarios de las viviendas en una maraña burocrática y además, fueron totalmente inutilizadas tras la anulación del anterior PGOU ya que, sin planeamiento no hay ordenanzas”.
En esta misma línea, Marisol Ayala ha insistido en que “desde el Ayuntamiento de Chiclana estamos buscando las fórmulas necesarias para que el coste de la regularización no sólo beneficie a los que tienen un poder adquisitivo muy por encima de la media, sino que se ajuste a la realidad económica actual y social de la ciudad”.
En referencia al Decreto 2/2012, Ayala ha informado que “han sido numerosas las ocasiones en las que, desde el Ayuntamiento de Chiclana, nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía con motivo de consultar la posible aplicación de este Decreto Andaluz tan aclamado desde el PSOE chiclanero”. Por ello, ha destacado que “la contestación por parte de la Administración Andaluza siempre ha sido desfavorable y negativa ya que, en la ciudad debe de existir un PGOU en vigor y dentro de este planeamiento, debe haber un estudio pormenorizado que contemple la existencia de estos asentamientos y con el que, casualmente, el PSOE chiclanero, se ha postulado en contra”.
