El Partido Popular de Chiclana, a través de su portavoz, Andrés Núñez, ha abordado en rueda de prensa “una situación que nos ha alarmado enormemente, y es la contratación irregular de unos servicios vinculados a la municipalización”.
Núñez destaca que “es un tema complejo, pero en definitiva, se resume en que el contrato del servicio de ayuda a domicilio finalizó en el mes de enero, y desde entonces el Gobierno local de PSOE y Ganemos lo ha adjudicado a dedo, sin la licitación pública requerida para las cantidades de dinero público que se manejan”. Además, indica que “con respecto al servicio de limpieza de edificios públicos cabe destacar que acaba el 30 de abril, con lo que desde comienzos de mayor puede darse también esta misma situación”.
El presidente de los populares subraya que “estos servicios, por las cuantías de los mismos, obligan que para que pueda encargarse el trabajo se saque un concurso público, con libre concurrencia, para que cualquier empresa pueda optar a su explotación, y esto no se ha hecho. Por lo tanto, estamos hablando de que el servicio de ayuda a domicilio desde enero y el de limpieza de edificios públicos a partir de mayo, si no atienden a lo que hoy denunciamos, estarán en un situación de ilegalidad”.
En este contexto, el edil popular resalta que “hay que preguntarse quién es la persona responsable que ha autorizado la contratación de estos servicios, porque no vale decir que es que hay un proceso de municipalización abierto”. En este sentido, manifiesta que “el PSOE, sabiendo de la complejidad, si es que llega a buen fin, del proceso de municipalización denunció los contratos, aún siendo conscientes de que nos les daba tiempo y a que son servicios que hay que seguir prestando, por lo que puede decirse claramente que el servicio de ayuda a domicilio lleva tres meses adjudicado a dedo, y desde el comienzo de mayo ocurrirá lo mismo con el de limpieza de edificios públicos”.
Desde el Partido Popular se indica que “el proceso de municipallización está recurrido por nuestra parte, y no se puede o no debe subrogarse o contratarse a las trabajadoras hasta que no se resuelva dicho recurso, porque si se estima, luego habría que despedir a todas las trabajadoras, con las consecuencias que ello conllevarían”.
De esta manera, para Andrés Núñez, “el proceso de municipalización se le ha ido de las manos al PSOE. Desde el primer día estamos diciendo que este proceso es un brindis al sol del Partido Socialista y esperamos que todo esto no acabe con consecuencias legales para el Gobierno municipal. Entendemos que los técnicos municipales no van a amparar las contrataciones ilegales que a día de hoy se están produciendo, porque esas facturas no pueden tener visto su bueno, al no haberse abierto un proceso de licitación para la contratación de estos servicios”.
Extrema gravedad
El Partido Popular considera que “el que hoy denunciamos es un asunto de extrema gravedad, pues en unos tiempos donde tiene que haber más transparencia, el PSOE adjudica unos servicios sin pasar por el procedimiento debido, es decir, una licitación pública. Aquí puede haber hasta responsabilidad contable de quien haya encargado dichos servicios, es decir, que tenga que responder personalmente del daño causado al Ayuntamiento”.
Cabe destacar que en el caso de ayuda a domicilio se trata de un servicio que depende de la Delegación de Servicios Sociales, “de quien es delegado Francisco Salado, pero es que, además, el delegado de Contratación, Joaquín Guerrero Bey, no ha hecho nada para que se contrate correctamente el servicio, permitiendo que se haya adjudicado a dedo”.
El Grupo Municipal Popular presentó el 18 de abril por Registro una petición de información relativa a las facturas y los informes correspondientes. “Hablamos de un contrato en ayuda a domicilio que de alrededor de un millón de euros anuales, por lo que al mes ronda los 80.000 euros, por lo que estaría cinco veces por encima del límite legal. Es una auténtica barbaridad. Y en el caso de limpieza de edificios públicos podría ser del doble del máximo legal permitido”.
En definitiva, esta situación responde, según el PP, a que “el PSOE tira hacia adelante y al final, como pasó con el Plan Local de Empleo Social (PLES) por ejemplo, el alcalde no firma nada y son sus concejales quienes firman y quienes sufren los perjuicios, y todo por una gracieta de José María Román. Y una cuestión: ¿Carmen Jiménez va a subrogar a personal en Emsisa cuando hay un recurso por resolver para tapar el riesgo a otros concejales? Esas son dudas que tenemos y que el Gobierno local no nos resuelve, porque llevamos desde el 18 de abril esperando”.
La tasa de reposición
El portavoz del PP, Andrés Núñez, afirma que “en el caso abordado no puede contratarse por el recurso realizado por el PP al proceso de municipalización, sin olvidar que hay un informe que dicen que el Ayuntamiento no puede contratar a nadie por la tasa de reposición”.
Así, reseña que “en un pleno de febrero o marzo de 2016 dije que el secretario del Ayuntamiento ya indicaba que la empresa pública Emsisa no podía contratar, por la tasa de reposición de efectivos. Ya en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 hablaba de esta cuestión, y los de 2017 lo que hacen dar más detalles. Ahora ha llamado la atención de la gente, pero ya lo dijimos desde el Partido Popular hace más de un año. Por tanto, Carmen Jiménez tiene esto sobre la mesa y el único informe que tiene le dice que no puede subrogar”.
Núñez recuerda que “debido a que en la época de bonanza económica los ayuntamientos se sobredimensionaron, el Gobierno de la nación dictó allá por 2011 que no se contratase a nadie salvo para atender la tasa de reposición. La delegada municipal y responsable de Emsisa, Carmen Jiménez, tiene ahora que decidir si firma y asume de manera individual la contratación de 160 personas en el Ayuntamiento, máxime cuando el único informe que tiene es en contra y le dice que no es legal”.
Finalmente, Andrés Núñez reitera que “el PP ya ha dicho que va a cumplir la ley en 2019 y convocará un concurso público cuando recuperemos la Alcaldía, porque aquí estamos en el típico tira hacia adelante de José María Román, mientras él no firma nada y son sus concejales quienes tienen que asumir responsabilidades”.
