La coordinadora de Igualdad del PP de Córdoba, Marian Aguilar, ha instado a la Junta de Andalucía a que trabaje para que el Pacto Andaluz por la Igualdad de Género "se haga visible", ya que los andaluces "aún no han visto al Gobierno andaluz aprobar ni una sola medida para desarrollar este pacto".
"Este pacto cumplió el objetivo de la presidenta andaluza, Susana Díaz, cuando vio su fotografía en los medios de comunicación porque, tras su aprobación, no se ha hecho nada más", destaca Aguilar en un comunicado.
La coordinadora popular apunta que "no se han adoptado" medidas que contribuyan a contrarrestar los problemas de desempleo femenino, problemas de corresponsabilidad y conciliación, medidas de disminución de brecha salarial, brecha de igualdad en el ámbito deportivo, medidas de coeducación en los medios de comunicación y en materia de violencia de género.
"¿Qué ha hecho Susana Díaz por las mujeres rurales, por las mujeres discapacitadas, qué medidas ha llevado a cabo para contrarrestar la brecha en materia deportiva por las andaluzas, qué acciones ha adoptado para la explotación sexual de mujeres", pregunta Marian Aguilar, que indica que "la respuesta es nada, salvo intentar cambiar la imagen pública de quien fuera consejera de Igualdad y dejó Andalucía con un 38 por ciento de paro femenino".
Según añade, "las andaluzas no queremos que nos represente quien solo habla de igualdad ante los medios de comunicación pero abandona estas políticas en su despacho, manera de trabajar que tiene la señora Díaz y cuyos resultados negativos sufrimos día a día".
La coordinadora de Igualdad del PP de Córdoba añade que el Gobierno andaluz debería dejar de "lanzar titulares al vuelo y desarrollar lo que vende, tal y como hace el Gobierno de España". Aguilar se ha referido al Plan Nacional de Infancia y Adolescencia, que establece la obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal cualquier hecho que pudiera constituir delito contra un menor por parte de las autoridades públicas, funcionarios y profesionales que conozcan tales hechos en el ejercicios de su profesión, puesto que, si no lo hacen, incurrirían en un delito de omisión.
Además, para acceder a profesiones cuyo desempeño suponga contacto habitual con menores será requisito indispensable no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, trata y explotación de menores.
"La reforma también promueve la participación de los menores a través del derecho a que sean oídos y escuchados, lo que incluye a los menores de 12 años siempre que tengan madurez suficiente", añade, indicando que uno de los puntos más destacados pasa por evitar la victimización secundaria del menor, de modo que si es testigo o víctima en un proceso judicial, no tenga que repetir testimonio ante diferentes instancias judiciales. "Se garantizará en todo momento que sea asistido por expertos en desarrollo infantil", apunta.
En cuanto a los menores víctimas de violencia de género, su consideración como víctimas directas se hace efectiva gracias a la modificación del artículo 1 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Además, tras la decisión adoptada en la reunión que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tuvo con sus homólogos de Justicia e Interior hace pocas semanas, "los jueces tendrán a partir de ahora la obligación de pronunciarse sobre medidas cautelares que afecten a los hijos de mujeres maltratadas con el fin de garantizar su protección".
