La Guardia Civil ha investigado a un total de 45 personas dentro del marco de la operación 'Sequía' desarrollada junto a técnicos y responsables de la empresa Aqualia en la localidad de Baena y la pedanía de Albendín, acusadas de un delito de defraudación de agua potable, con más de 73.000 metros cúbicos que ascienden a más de 220.000 euros.
Los detalles de la operación pionera de seis meses los han facilitado este jueves en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado; el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, Juan Carretero, y el jefe del puesto de la Benemérita en Baena, el teniente José Antonio Hidalgo.
Así, fruto de la intensa investigación desarrollada en ambas localidades, se han localizado numerosas conexiones a la red de suministro de agua, "efectuadas sin autorización" de la empresa y "con métodos rudimentarios" en explotaciones agrícolas y ganaderas, viviendas con piscina ubicadas en zonas residenciales y domicilios particulares de ambas localidades.
En concreto, las investigaciones se iniciaron en pleno mes de julio de 2017 cuando la empresa suministradora del agua, Aqualia, puso en conocimiento de la Guardia Civil de Baena una manipulación ilegal de la red general de abastecimiento en Albendín, a raíz de la cual dicha pedanía sufrió cortes de suministro durante una semana que provocaron gran malestar entre los ciudadanos por las altas temperaturas que se registraban.
Asimismo, Aqualia comunicó a los agentes una serie de indicios que llevaron a pensar que la red principal de suministro de agua de la localidad de Baena también estaba sufriendo manipulaciones fraudulentas.
Ante ello, los agentes, en colaboración con personal técnico y responsable de la empresa Aqualia, decidieron llevar a efecto una serie de inspecciones --en total más de 200-- en la red de suministro de ambas localidades, donde han detectado hasta la fecha 45 "enganches ilegales" a la red de suministro.
Además de defraudar agua, dichos enganches han ocasionado otras consecuencias negativas al normal funcionamiento de la red, tales como el daño a la conducción original y pérdidas incalculables de agua, todo ello "en un verano especialmente riguroso por la falta de precipitaciones y las elevadas temperaturas".
De igual modo, en algunos casos los agentes han detectado bolsas de agua debido a la rotura de las tuberías, así como una disminución de la presión del agua que ha afectado al resto de usuarios, por lo que Juan Carretero ha comentado que "es incalculable el daño real y el montante económico".
SUSTITUCIÓN DE CONTADOR
Los medios empleados para llevar a cabo las conexiones ilegales consistían fundamentalmente en la sustitución del contador por una tubería, en algunos casos de varios metros de longitud, que conectaba la red general con la particular.
En otros casos se ha detectado la colocación de un 'bypass' que conducía el fluido al interior de la propiedad sin pasar por el contador, con lo cual no dejaba constancia de su registro.
Dicho método más sofisticado estaba oculto por lo general con obra de mampostería, con lo que hacía muy complicada su detección, siendo necesario el empleo de medios tecnológicos, como cámaras endoscópicas y geófonos para la detección de fugas por método acústico, e incluso de medios mecánicos, como máquinas excavadoras.
En este sentido, el teniente José Antonio Hidalgo ha señalado que "no hay constancia de que sea algo organizado, ni que alguien se dedicara profesionalmente a prestar el servicio", de modo que "no habría habido tantos daños por manipulación", de ahí que se califique como "rudimentario".
Durante la mayor parte del periodo en el que se han realizado las investigaciones, Baena y Albendín, con más de 20.000 habitantes, se encontraban bajo los efectos de la sequía reinante, que hizo que el Ayuntamiento de Baena emitiese un bando con la finalidad de llevar a cabo acciones, tanto para el ahorro de agua, como de concienciación de la población.
Cabe destacar que los investigados y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado Único de Baena. La Benemérita ha resaltado la labor de la empresa suministradora de agua.
MULTAS POR DELITO LEVE
Según ha expuesto Juan Carretero, es una actividad criminal recogida en el Código Penal por delito contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, a lo que ha añadido Hidalgo que se pueden enfrentar a penas de multa, porque "es un delito leve, con juicio rápido en la mayoría de los casos".
Mientras, el teniente coronel ha apuntado que no se descarta que esta práctica se pueda producir en otros puntos de la provincia o la región, aunque esta operación se ha dado por concluida.
Al respecto, el subdelegado del Gobierno ha remarcado que "son actuaciones insolidarias e ilícitas", a la vez que ha precisado que "se ha defraudado una cantidad de agua equivalente a 30 piscinas olímpicas".
Entretanto, Primo Jurado ha destacado que "es una realidad que se está en periodo de sequía", de hecho ha recordado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha advertido del "delicado nivel de reserva de agua" en la cuenca, que se encuentra al 35% de su capacidad.
