La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía distribuirá 1,33 millones de euros entre nueve municipios cordobeses para atender a familias con menores en riesgo de exclusión. En concreto, a la provincia de Córdoba le corresponden 1.332.090 euros, distribuidos entre la Diputación de Córdoba, y los ayuntamientos de Córdoba, Baena, Cabra, Lucena, Montilla, Puente Genil, Palma del Río y Priego de Córdoba.
Según informa la Junta en un comunicado, en toda Andalucía serán más de 13,7 millones de euros los que se destinen a diputaciones provinciales y los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes para la financiación de los equipos de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección.
Esta cuantía cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2020 y el 30 de abril de 2021, según establece la Orden que publica este miércoles el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Estas ayudas beneficiarán a 92 entidades locales en toda Andalucía y para este periodo se prevé atender a más de 6.000 familias y 12.000 menores. Por provincias, Almería recibirá 1.129.112 euros; Cádiz, 2.055.246 euros; Córdoba, 1.332.090 euros; Granada, 1.719.034 euros; Huelva, 1.214.741 euros; Jaén, 1.157.655 euros; Málaga, 2.470.733 euros; y Sevilla, 2.641.991 euros.
Este programa tiene como objetivo proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección, un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los menores.
Se trata de preservar los derechos de los niños, promoviendo su desarrollo integral en su medio familiar; y posibilitar su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los menores.
En la actualidad, estos equipos para el tratamiento a familias están integrados por 462 técnicos y 92 coordinadoras que actúan en 84 municipios de más de 20.000 habitantes y en las ocho diputaciones provinciales con el objetivo de mejorar las condiciones de las familias en situación de riesgo social, de manera que puedan ejercer adecuadamente sus funciones parentales y evitar la separación de padres, madres e hijos.
