Hasta el 31 de diciembre tienen de fecha. Antes de que acabe el año hay de plazo para dar comienzo a las obras de los aparcamientos. Eso es lo que marca el contrato establecido y firmado. Ese sería el camino menos traumático.

Su no construcción supondría multas millonarias que afectarían de una manera por el erario público. Es decir, al final tendremos que pagar por su no construcción y afectando directamente al Plan de Ajuste que controla y fiscaliza el presupuesto municipal.

El Puerto, o mejor dicho, su economía está en números rojos hace ya demasiado tiempo. 

La deuda atosiga y marca el camino a seguir. La viabilidad o no de los dos aparcamientos subterráneos tendrá unas consecuencias cuanto menos impredecibles de cuantificar.

Por una parte, si se completan se terminará con el debate abierto desde la génesis del proyecto y se dará con una salida menos costosa y traumática.

Dar marcha atrás, no construirlos, supondría arrojar más deudas a unas arcas vacías y miradas con una lupa por Hacienda.

En las mesas informativas que el Gobierno pretende implantar, también, habría que trasladar a la ciudadanía del coste real (las consecuencias) que tendrán para el contribuyen -para el que finalmente la historia le pasará su pertinente peaje- su marcha atrás.

Hay mucho en juego, demasiado para hacer conjeturas y aventurar un escenario que cuenta cada vez más con menos margen de maniobras. Se acaba el tiempo.