El desprendimiento del vertedero de Zaldibar (Bizkaia), un suceso que costó la vida a dos trabajadores y abrió una crisis medio ambiental en Euskadi, cumplirá este domingo su segundo aniversario en medio de las voces que siguen reclamando responsabilidades.
El alcalde de Ermua, la localidad más cercana al vertedero, ha explicado que la escombrera nunca se debería haber construido en las faldas de un monte.
"Yo soy consciente de que son necesarios vertederos para gestionar residuos, pero en Euskadi hay suelos llanos mucho más adecuados para instalar un vertedero que un monte", ha destacado el mandatario socialista.
Tras culminar prácticamente los trabajos de estabilización de la escombrera, que será sellada, el alcalde de Ermua ha apuntado que los vecinos de las viviendas más próximas al vertedero se encuentran ahora "aliviados", en espera de que la sentencia sobre un presunto delito ambiental haga justicia.
Y es que, además de la pérdida irreparable de las vidas de los dos trabajadores fallecidos y el dolor con el que afrontaron su búsqueda, con la clausura de la escombrera se han quedado atrás los "miedos y angustias" causados por este vertedero, según ha dicho a Efe el primer edil de Ermua.
Al desplome siguieron varios incendios y la recomendación de las autoridades de no realizar ejercicios al aire libre por la posibilidad de respirar aire contaminado.
El 14 de febrero de 2020 fueron halladas en el aire dioxinas en proporciones cuarenta veces superiores a las normales provocadas por los fuegos desatados en el vertedero, que desaparecieron una semana después.
El 16 y 17 de agosto fueron encontrados los restos del cuerpo de Alberto Sololuze, pero los de su compañero Joaquín Beltrán continúan aún bajo los escombros, después de que la búsqueda fuera suspendida el 14 de mayo del año siguiente, al no dar resultados.
El aniversario volverá a revivir la angustia con la que los familiares de ambos trabajadores vivieron la búsqueda de sus seres queridos. "Son fechas muy duras para la familia", han confesado allegados a Sololuze.
Los tres altos cargos del vertedero han aceptado una pena de seis meses de prisión y la indemnización a los familiares de los fallecidos a cambio de reconocer que la muerte de los trabajadores se debió a un "homicidio imprudente", lo que les librará de su ingreso en la cárcel al carecer de antecedentes.
Tras sortear la prisión, las miradas están puestas ahora en otra causa por un presunto delito contra el medio ambiente y la salud pública en la gestión de este vertedero que instruye un Juzgado de Durango.
En este proceso figuran como imputados José Ignacio Barinaga, propietario de la empresa Verter Recycling; Juan Etxebarria, ingeniero jefe de la instalación, y la gerente de la empresa, Arrate Bilbao.
Gaizka Zabarte, miembro de la plataforma Zaldibar Argitu, personada como acusación particular en este proceso junto a Ekologistak Martxan y la Carta de Derechos Sociales, tiene clara la responsabilidad del Gobierno vasco.
El Ejecutivo autónomo, según ha recordado, no desempeñó de manera adecuada las labores de inspección de la escombrera para evitar que el 6 de febrero de 2020 toda su estructura se viniera abajo.
El representante de este grupo, que el domingo homenajeará en una manifestación a los dos trabajadores fallecidos, ha destacado que el Parlamento Europeo haya acordado seguir investigando la gestión de este vertedero mientras que la Cámara vasca rechazara abrir una investigación sobre este suceso.
