Los jueces consideran en su sentencia que un delito como el de la piratería debe condenarse de forma contundente.
El ministerio fiscal había pedido siete años de prisión para los acusados, que durante el juicio mantuvieron que eran pescadores.
La condena ha sido inferior a la solicitada por los fiscales porque los magistrados tuvieron en cuenta atenuantes como la mala situación económica de Somalia o las deficientes posibilidades económicas de los acusados.
Señalaron que la fiscalía no logró demostrar que los acusados perteneciesen a una red más amplia de piratería organizada.