El tribunal, que ha notificado este viernes la sentencia a las partes, también impone la pena de diez años de prisión al exsecretario general del sindicato LAB Rafael Díez Usabiaga, al que también considera integrante de la organización terrorista en calidad de dirigente.
8 AÑOS ZABALETA
Además, los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel condenan a ocho años de cárcel a Miren Zabaleta, a la extesorera del PCTV Sonia Jacinto y al exresponsable de Haika en Álava Arkaitz Rodríguez.
Del mismo modo, absuelve a José Luis Moreno, Amaia Esnal y José Manuel Serra, contra los que la Fiscalía retiró la acusación tras entender que a lo largo de la vista oral no se había podido demostrar que formaran parte de Bateragune.
El tribunal considera acreditado que los cinco formaban parte de un grupo escogido dentro de las filas de la izquierda abertzale que "en plena connivencia y siguiendo las superiores directrices de ETA, en la que se hallaban integrados, diseñaban una estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas".
"PAPEL RELEVANTE"
Durante el juicio, el fiscal Vicente González Mota, que solicitaba inicialmente10 años de cárcel para los ocho acusados, mantuvo su petición de pena para Arnaldo Otegi y Díez Usabiaga, a los que elevó a la categoría de "dirigentes" de ETA por el "papel relevante" que asumieron en Bateragune, que fue definido por varios testigos como "el comité de dirección de la izquierda abertzale".
Además, el representante del Ministerio Público resaltó que ninguno de los dos "ha renunciado a los fines y métodos" de la organización terrorista.
También acusó de un delito de integración en organización terrorista tanto a Miren Zabaleta, a la que rebajó la petición de pena de 10 a 9 años de cárcel, como a Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto, para los que finalmente pidió 8 años de prisión.
La acusación popular, ejercida por la asociación Verde Esperanza-Voces contra el Terrorismo, elevó a definitiva su pertición de 14 años de cárcel contra todos los acusados, al entender que "Bateragune es ETA", según afirmó su abogado, Juan Carlos Rodríguez Segura. Las defensas, por su parte, pidieron la libre absolución de sus representados argumentando que el procedimiento respondía a un "juicio político".
