El conseller de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell ha anunciado que la Generalitat catalana estudiará "todo tipo de medidas, incluidas las judiciales" para conseguir que el Gobierno pague a Catalunya los 759 millones de euros de la disposición adicional tercera del Estatut correspondientes a 2011.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha considerado que este impago del Estado es "un intento chapucero de desplazar déficit desde la administración central a las autonomías".

Asimismo, ha alertado de que supone tensiones "graves" de tesorería para Catalunya dado el contexto de dificultad de financiación.

"Están intentando tomarnos el pelo, pero seguiremos intentando que paguen. Estudiaremos si podemos tomar medidas legales, aunque no tengo muchas esperanzas de a dónde puede llegar", ha reconocido Mas-Colell.

El conseller ha repasado que "todo indicaba que había la intención de pagarlos: Fue objeto de acuerdo en la entrevista entre Zapatero y Mas el 7 de febrero; está recogido en un acuerdo en la comisión bilateral de julio; la partida correspondiente está en los Presupuestos Generales del Estado para Catalunya y tres comunidades autónomas más, y a todos los niveles (incluido Secretario de Estado y directores generales) nunca se había cuestionado".

Por ello, ha criticado que "ahora solo la excusa de que no hay dinero no se sostiene. Lo podría entender si la caja estuviese vacía, pero no es cierto por una razón muy simple, porque el Estado tiene unas capacidades de acceso al crédito infinítamente superiores" a las de Catalunya, aunque las condiciones no sean óptimas.

Por ello, el Govern va a "mantener la presión política con este Gobierno, que ahora es el que cuenta", y con el que entre a finales de diciembre.

Mas-Colell ha recordado que Catalunya necesita que le presten casi 100 millones cada semana para cubrir el déficit de este año, pese a que es inferior que el del año pasado, en una situación de dificultad de acceso a la financiación y a un alto coste y en que "cada día que pasa tenemos más incertidumbres de ingresos".

"Rascaremos de donde podamos", ha expuesto dada la complicación de conseguir crédito exterior, recordando que la Generalitat está vendiendo edificios de su patrimonio para obtener liquidez --por al menos 450 millones--, para lo que ayer se cerró el periodo de presentación de ofertas, ha explicado.

De todas formas, ha aseverado que en esta búsqueda de recursos "no se venderá ningún activo por debajo del valor que se estimó en su momento".

PRESUPUESTO 2012

Respecto a los presupuestos catalanes para 2012, y ante la ronda de contactos que inicia este miércoles con PSC, PP y ERC, les ha pedido "que no planteen más medidas de gasto porque realmente estamos al límite".

El próximo año Catalunya debe pagar unos 1.700 millones de euros en intereses, un 55% más que este 2011, lo que supone casi el 1% del PIB catalán o entre el 4 y el 5% del presupuesto.

Además, debe reducir el déficit a la mitad, hasta el 1,3%, lo que debe traducirse en que la deuda aumente menos y en "muchos ajustes", aunque inferiores a los de 2011 para el conjunto de ciudadanos.

Mas-Colell ha apuntado que quienes más notarán los recortes en 2012 serán los empleados públicos dado que se debe reducir el déficit público.

Sobre aumentos de tasas, ha puntualizado que "prácticamente doblar" el céntimo sanitario en los carburantes sigue siendo una cantidad a pagar pequeña, y que todas las medidas de incremento van acompañadas de excepciones para no perjudicar a los más vulnerables.

IMPUESTO DE PATRIMONIO

El Govern prevé aprovechar la ley de acompañamiento de las cuentas de 2012 para aumentar el límite a partir del que se debe pagar el Impuesto de Patrimonio que ha recuperado el Gobierno central actual y equipararlo a sus parámetros.

Catalunya lo tenía en 100.000 euros, y lo pasará a los 700.000 planteados por el Estado --a parte de la vivienda habitual--, de forma que el tributo recuperado temporalmente por dos años afectará a unos 30.000 catalanes, en vez de a 300.000, ha ejemplificado.

Preguntado por la situación de quiebra de la Cooperativa de L'Aldea (Tarragona), ha insistido en que la Generalitat está siguiendo el tema muy de cerca y con mucha atención y que "no es un problema grave, porque es de liquidez, no de solvencia", por lo que se ha mostrado optimista en poder reconducir la situación y en colaboración con el sistema financiero conseguir que las familias que han visto bloqueados sus ahorros puedan contar con dinero antes de Navidad.