El exsecretario del Ayuntamiento de Sevilla Venancio Gutiérrez ha declarado hoy ante la juez que investiga la venta de los terrenos de Mercasevilla y ha dicho que la operación le pareció "excesivamente precipitada" y mediante una fórmula que no era "lo más razonable".

Gutiérrez ha comparecido como testigo, desde primera hora de la mañana y hasta última hora de la tarde, ante la juez Mercedes Alaya en el sumario referente a lo que la magistrada ha denominado "venta fraudulenta" de los terrenos de Mercasevilla, una de las cuatro líneas abiertas en torno al mercado central sevillano.

El alto funcionario ejerció dicho cargo en el Ayuntamiento de Sevilla entre 2000 y 2007 y ha manifestado que la venta de los terrenos, acordada en febrero de 2006, le pareció "excesivamente precipitada", porque era difícil realizar los informes encargados en tan poco tiempo".

En su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, Gutiérrez ha afirmado que se opuso a la fórmula elegida de concurso público, pues él defendía la subasta, que le parecía "más razonable", aunque Antonio Rodrigo Torrijos (IU), exprimer teniente de alcalde de Sevilla ya imputado en la causa, apoyaba "firmemente" el concurso porque creía que evitaría la especulación.

La juez Mercedes Alaya entiende que la venta de los terrenos -por la que hay quince imputados- fue "fraudulento" y "contrario al interés general" pues fue adjudicado a la inmobiliaria Sanma, que ofertaba 106 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga.

Gutiérrez también ha expresado su criterio contrario a la cláusula de "alzas desproporcionadas" introducida, que "se utiliza habitualmente a la baja", y ha afirmado que no tuvo conocimiento de la cláusula de titularidad previa de unas parcelas que, según ha sostenido la juez, "favoreció claramente a Sanma".

Sobre la cláusula de "alzas desproporcionadas", el exsecretario ha afirmado que "no tuvo constancia" ni se explicó nada sobre ella en la reunión de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla que aprobó el pliego de condiciones en noviembre de 2005.

Respecto al funcionamiento de Mercasevilla, ha destacado que "se imponían los criterios sindicales y políticos sobre los criterios técnicos" y que Rodrigo Torrijos "hacía sentir su contenido político, tenía peso en general".

También ha opinado que el entonces alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) "debía conocer" la operación de venta de los terrenos -una parcela situada junto a la ronda de circunvalación SE-30- "por ser un gran tema".

El abogado del PP, que ejerce la acusación particular, ha desvelado en su interrogatorio la existencia de varios contratos de preparación de la venta por los que Mercasevilla pagó 90.151 euros, 30.050 euros, 6.000 euros y 28.132 euros, así como un "pago anónimo" de 150.000 euros, lo que ha dado lugar a la queja de varios abogados defensores por tratarse de asuntos de los que no tenían conocimiento.