A su vez, el Ejecutivo ha asegurado que "ningún terrorista fallecido cuando intentaba poner una bomba, trasladaba material explosivo o que resultara muerto en un enfrentamiento con la policía" podrá recibir compensaciones.
El texto presentado este lunes en Vitoria por la consejera vasca de Justicia, Idoia Mendia, la directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez, y la asesora de la Dirección, Manuela Carmena, incluye también indemnizaciones por 135.000 euros, en caso de muerte. Además, se establecen otros cuatro supuestos con diferentes cantidades.
Mendia ha asegurado que "en ningún caso se considerarán sufrimientos injustos aquellos sufridos en el desarrollo de cualquier actividad violenta de motivación política por quienes la realizaran o pretendieran realizarla".
En este sentido, ha apuntado que "ningún terrorista fallecido cuando intentaba poner una bomba, cuando trasladaba material explosivo o que resultara muerto en un enfrentamiento con agentes de las fuerzas de seguridad podrá beneficiarse de la reparación y el reconocimiento que recoge este decreto".
Asimismo, Mendia ha expresado su deseo de "tranquilizar" a las víctimas del terrorismo de ETA sobre esta cuestión, puesto que, como ha subrayado, en el decreto "no caben ni la equiparación ni la equidistancia".
MANDATO PARLAMENTARIO
La puesta en marcha de un decreto de este tipo responde a un mandato del Parlamento vasco aprobado el 31 de marzo de 2011. Aquel día, el pleno de la Cámara aprobó una iniciativa que contempla la concesión de ayudas a las llamadas "víctimas de motivación política", entre las que se encuentran damnificados por actuaciones de fuerzas policiales o parapoliciales. Además, se acordó crear una ponencia parlamentaria específica sobre este asunto, la cual ya ha iniciado su actividad.
La iniciativa, firmada por el PNV, el PSE-EE, Aralar, EA y EB, fue apoyada parcialmente por el PP. Este partido respaldó el primer punto del texto -que contemplaba diversas iniciativas para la reparación de estas víctimas-, en el que UPyD se abstuvo. Ambas formaciones rechazaron el apartado sobre la ponencia.
COMISIÓN DE VALORACIÓN
La también portavoz del Ejecutivo vasco ha afirmado que, con el objetivo de aprobar el texto, se creará, en el plazo máximo de un mes, una "comisión de valoración" que estará presidida por la directora de Derechos Humanos, dos expertos reconocidos en la materia y designados por esta Dirección, un integrante de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, dos expertos nombrados por el Parlamento y una persona en representación de la sociedad civil, sin un perfil definido.
La actuación de dicha comisión se basará, según ha explicado Mendia, en los principios de "colaboración y eficacia", es decir, se va a prestar a los solicitantes la ayuda necesaria para el esclarecimiento de las vulneraciones sufridas y se van a evitar, en la medida de lo posible, los tramites que puedan alargar o dificultar ese esclarecimiento.
Por su parte, Manuela Carmena ha aclarado que "no tiene nada que ver con una comisión judicial", ya que "no es un decreto que vaya a enjuiciar las conductas de quienes hayan podido ser victimarios", sino que su objetivo es "valorar el sufrimiento de las personas que lo alegan".
Dicha comisión declarará la condición de víctima de violaciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política definida en el decreto, y atribuirá a estas víctimas los derechos que les correspondan.
"No es solo una cuestión de reparación e indemnización a estas víctimas, sino que con este decreto queremos descorrer la cortina del silencio, abandono y olvido que ha envuelto a todas ellas durante demasiado tiempo. Frente a la impunidad, la verdad por delante", ha añadido Mendia.
INDEMNIZACIONES
El borrador del decreto entiende por sufrimientos injustos la muerte, la gran invalidez, la incapacidad permanente total, la incapacidad permanente parcial y las lesiones permanentes no invalidantes, si estas circunstancias se han dado como consecuencia de "acciones indebidas, directas o indirectas, dolosas o culposas", por parte de agentes de las fuerzas de seguridad y otros funcionarios públicos, así como por colaboradores externos, que no formaban parte de la Administración Publica.
De esta manera, recoge el derecho a recibir compensaciones económicas por valor de 390.000 euros en caso de gran invalidez; 135.000 euros por fallecimiento; 95.000 euros por incapacidad permanente absoluta; 45.000 euros por incapacidad permanente total; y 35.000 euros por incapacidad permanente parcial.
En cuanto a los casos de lesiones permanentes no invalidantes, la indemnización será acorde a la que figura en el baremo de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación de Vehículos de Motor.
CONTACTO CIUDADANO
El borrador del decreto, que consta de 23 artículos, se ha publicado en la página web de participación ciudadana del Gobierno vasco, Irekia, con el fin de abrir su contenido a la consulta y al debate ciudadano. Una vez revisado, el borrador definitivo será remitido al consejo de Gobierno para su aprobación.
Por su parte, Inés Ibáñez ha hecho un llamamiento a las personas que consideren que han sido víctimas de una vulneración de derechos humanos entre 1968 y 1978 para que se pongan en contacto con la dirección de Derechos Humanos a través del número de teléfono 945 019 105 o de la dirección de correo electrónico DDHHreparacionvictimas@ej-gv.es.
SEGUNDO DECRETO
Mendia ha expresado su voluntad de tener aprobado este decreto para la primavera, y se ha mostrado "segura" de que "gozará del consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios".
Además, ha anunciado que el Ejecutivo vasco está trabajando ya en las bases de un segundo decreto, que abarcará un periodo de tiempo posterior a 1978. A este respecto, ha indicado que será "mucho más complejo" que el primero, pero no ha descartado que su redacción pueda realizarse antes del final de la presenta legislatura, que tendrá lugar en 2013.
