El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado este lunes que no permitirá que haya otro 'caso Bretón' (José Bretón supuestamente asesinó a sus hijos, Ruth y José) en España porque "algunos juristas puedan molestarse y puedan acusar al Gobierno de legislar "en caliente".

   "En el caso de un padre que hace desaparecer a sus hijos, si los cuerpos no aparecen, no puede ser imputado nada más que por una pena menor. Como consecuencia de que algunos juristas puedan molestarse porque dicen que legislamos en caliente, ¿voy a dejar que haya otro 'caso Bretón' en España? Lo siento, pero no", ha aseverado Ruiz-Gallardón, en una tertulia en La Sexta, recogida por Europa Press.

   El titular de la cartera de Justicia se ha expresado así en relación con un supuesto endurecimiento del Código Penal. Gallardón ha rechazado hablar de "dureza" desde el punto de vista de "aumentar la población penitenciaria". No obstante, ha dicho determinadas "van a tener un mayor reproche" ya que hasta ahora estaban castigadas con "una pena absolutamente insuficiente", no sólo "para el mundo jurídico sino para la sociedad".

   En este sentido, ha reconocido que el Código Penal se endurece "para esas personas que cometan esos delitos" pero "no para el conjunto de la sociedad". "Al contrario porque recuerdo que una de las reformas que lleva el Código es la despenalización de las faltas, que unas pocas pasan a ser delito y el resto se quedan en el ámbito administrativo", ha comentado.

MEDIDAS INDIVIDUALIZADORAS

   Asimismo, ha recordado que también se "introducen medidas individualizadoras, modernas, de un Estado avanzado, que no tienen una tablilla fría que dice a tal conducta tal pena". Según ha detallado, por ejemplo cuando se comete el primer delito, el magistrado puede sustituir la prisión por otro tipo de medidas "para evitar que la cárcel se convierta, muchas veces, en una escuela de delincuencia".

   "Eso son posturas profundamente humanistas que se introducen en el Código. Si me dice usted: ¿Quién mata a unos menores va a tener más pena? Sí. ¿Y si ha abusado sexualmente de una mujer y después la mata? Sí. Eso es verdad pero que no se diga que eso es endurecer el Código Penal", ha indicado.

   Dicho esto y después de que la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, haya criticado que, a su juicio,  algunos puntos de la nueva reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno tienen "mal encaje" en la Constitución, Gallardón ha señalado que su "buena amiga" ha dado su opinión pero ha añadido que "la opinión del Consejo la hará el Pleno".

   Asimismo, ha hecho hincapié en que es "muy fácil decir que no hay que legislar en caliente" pero ha cuestionado si "cuando los hechos constatan la insuficiencia de la ley" lo que tiene que hacer el legislador es abstenerse. "¿Qué tiene que hacer el legislador, y antes que él el Gobierno que es a quien corresponde el impulso legislativo? ¿Abstenerse?", ha planteado.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

   Preguntado sobre si presentaría su dimisión en el caso de que el Tribunal Constitucional (TC) pusiese de manifiesto la inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable, se trata de una "hipótesis que de ninguna de las maneras" contempla porque no es que él esté convencido de que se ajusta a la Constitución sino que es el Consejo de Estado el que "ha dicho que es constitucional".

   Además, ha asegurado que, "de alguna forma, ya está vigente en España". "Nosotros hemos firmado acuerdos internacionales en los que autorizamos a que nuestros ciudadanos se les aplique la previsión permanente revisable y, para poder firmarlos, el Consejo de Estado dijo que cabía dentro de la Constitución", ha argumentado.

   "En su caso tendrá que pronunciarse el TC, si alguien lo recurre. Los dictamines del Consejo de Estado, para el legislador, no son vinculantes pero son preceptivos. Por tanto, su doctrina es la que nosotros hemos aplicado en la reforma del Código Penal", ha remarcado.

DEFIENDE LA EXISTENCIA DE LA AN

   En relación con aquellas voces que apuntan a la desaparición de la Audiencia Nacional, el ministro de Justicia ha explicado que, desde el punto de vista del Ministerio, "hay determinados supuestos y delitos, que por su complejidad, por su gravedad y conexiones internacionales" por lo que "no deben ser instruidos ni fallados por las audiencias territoriales donde, por puro azar, a lo mejor se han iniciado las diligencias".

   "Hay muchos casos que hacen referencia al narcotráfico, blanqueo de capitales con conexiones fuera de España que exigen un órgano por debajo del Tribunal Supremo que asuma ese papel", ha defendido, al tiempo que ha agregado que la AN es un tribunal que existe en otros países.