Agentes de la Policía Nacional acudieron durante la tarde de este martes y la mañana de este miércoles a la sede de la empresa que difundió el vídeo de la Infanta Cristina declarando como imputada ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.
Los efectivos, que colaboran con la Jefatura Superior de Policía de Baleares en estas pesquisas, se personaron, por orden del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, en las dependencias de la empresa Wouzee, en Madrid, para requerir datos que aclaran quién fue concretamente el responsable de distribuir la grabación.
En concreto, el requerimiento judicial pide a la empresa "los datos identificativos con relación al usuario 'infanta' que alojó el vídeo en fecha 10 de febrero de 2014, los datos técnicos en relación al archivo de vídeo alojado, la dirección IP, fecha, hora y huso horario desde el cual se alojó", así como el "archivo fuente del vídeo autorizado y cualquier otro dato de interés del que dispongan".
Así consta en la diligencia del Juzgado que ha difundido el director ejecutivo de Wouzee Media, Marcial Cuquerella, a través de su cuenta de Twitter. Cuquerella ha puntualizado además que la Policía no está practicando un registro en la empresa. "(Es) un requerimiento de datos que estamos encantados de dar al juez", ha dicho.
Según fuentes de la investigación, la Policía esperará ahora a que desde Wouzee, plataforma que permite compartir y publicar este tipo de grabaciones, respondan al requerimiento efectuado por los agentes dirigido a averiguar los pormenores de la difusión del vídeo, cómo se llevó a cabo y a cargo de quién.
Por el momento, sin embargo, no tienen previsto llevar a cabo ningún interrogatorio hasta no disponer de información más precisa al respecto, han abundado. Fue en la mañana de este martes cuando la Policía remitió al juzgado de guardia de Palma las investigaciones llevadas a cabo hasta entonces sobre el vídeo filmado dentro de la sala en la que declaraba la Infanta.
En concreto, es el Juzgado de Instrucción número 11, cuyo titular es el juez Manuel Penalva, el que se encontraba en funciones de guardia y el que, definitivamente, se hará cargo de las investigaciones. Las indagaciones, por tanto, en torno a lo sucedido durante la comparecencia de la hija del Rey don Juan Carlos ya se encuentran judicializadas y, a partir de ahí, podrán adoptarse las medidas oportunas sobre estos hechos.
La grabación se llevó a cabo a pesar de que el juez José Castro había prohibido expresamente que se introdujeran dispositivos de grabación dentro de la sala de vistas, con el objetivo de asegurar que ninguna filmación se obtuviera "fuera de los cauces habilitados para ello".
La Policía, junto al escrito que presentó este martes, aportó al Juzgado el auto en el que el juez Castro prohibía acceder a la sala con ordenadores, móviles u otros aparatos que permitieran grabar, mientras que en él se recoge asimismo la orden verbal que el magistrado dio este domingo al jefe superior de la Policía a fin de que abriera una investigación inmediata para averiguar el origen de la imagen publicada el sábado por el diario 'El Mundo' que se tomó dentro de la sala de vistas.
APERTURA DE DILIGENCIAS PREVIAS
Por su parte, el decano del partido judicial de Palma, Francisco Martínez Espinosa, anunció este lunes la apertura de diligencias previas contra la persona que filtrase la fotografía y el vídeo, y atribuyó lo sucedido a un fallo del sistema por cuanto la persona en cuestión logró acceder al edificio judicial con un dispositivo que permitiera la grabación.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, esta conducta podría constituir un delito de desobediencia a una resolución judicial, por cuanto el juez Castro había prohibido que ninguna persona, durante la declaración de la Infanta, accediera al interior del edificio judicial de Via Alemania con móviles, 'tablets', ordenadores portátiles o cualquier otro dispositivo apto para la captación de imágenes o sonidos. Una medida que también se aplicó él mismo así como los fiscales anticorrupción.
El desacato de esta advertencia podría conllevar la apertura de un expediente sancionador por parte del Colegio de Abogados en el que esté inscrito el autor de los hechos, o su expulsión del mismo, además, a nivel penal, de ser castigado con pena de multa e inhabilitación.
