El escándalo de los parlamentarios británicos que han abusado en el uso de los gastos a cuenta del erario público se cobró ayer su primera víctima en el Gobierno con la dimisión del subsecretario de Estado de Justicia Shahid Malik. 

Mahik anunció su renuncia mientras se resuelve la investigación en marcha para aclarar si abusó del dinero que tiene asignado como parlamentario para pagar el alquiler de una de sus viviendas. 

La decisión de Mahik se dio a conocer después de que el primer ministro británico, Gordon Brown, pidiera al asesor independiente sobre intereses ministeriales, Philip Mawer, que investigue lo más rápidamente posible la situación del subsecretario de Estado. 

En declaraciones a la BBC, Mahik dijo que no existe ninguna razón por la que tenga que disculparse y aseguró que las partidas que incluyó como gastos derivados de su función en el marco del sistema de compensación para los diputados que proceden de circunscripciones fuera de Londres se ajustaron en todo momento a la realidad. 

“Lo que he gastado es lo que ha gastado cualquier otro miembro del Parlamento”, manifestó Malik, quien según el diario The Daily Telegraph reclamó en los últimos tres años el máximo permitido para su segunda vivienda: 66.827 libras (74.900 euros). 

Desde el 10 de Downing Street, se informó de que Malik regresará a su puesto si la investigación demuestra que no hizo nada ilegal, algo que el Gobierno espera aclarar en las próximas semanas.

 “Hasta conocer el resultado de la investigación, Shahid Malik renunciará como subsecretario de Estado. No se le reemplazará”, añadió el portavoz de Downing Street. 

Asimismo, este portavoz indicó que “las acusaciones en este momento siguen siendo acusaciones y es importante que Mawer aclare los hechos”. 

El escándalo ya salpicó este jueves a un ex secretario de Estado laborista, suspendido por su partido, y de un dirigente conservador, que dimitió. 

Elliot Morley, antiguo secretario de Estado de Agricultura, fue suspendido del Grupo Parlamentario Laborista después de admitir que pidió 16.000 libras (17.760 euros) a cargo del erario público para una hipoteca que ya había pagado.