El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha defendido en un recurso para pedir su puesta en libertad que, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Govern cesado no ha vuelto a actuar.
En un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional, Junqueras dice que no hay riesgo de reiteración delictiva porque el Govern "no se ha reunido desde el día de su cese, no se han adoptado acuerdos de Gobierno ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del día 27 de octubre".
En este escrito, Junqueras sin embargo no acata de forma expresa la aplicación del 155, como sí han hecho otros exconsellers como Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn.
Asimismo, argumenta que "es evidente que los encausados, a pesar de ostentar legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Cataluña, acudieron a la Audiencia Nacional ya como exconsejeros o exmiembros".
"Tras la aprobación de las resoluciones de aplicación del artículo 155 se ha procedido en Cataluña a la disolución del Parlament con el objetivo, que comparte mi mandante, de participación en el proceso electoral fijado por el Gobierno de España", afirma el recurso.
Asegura que la declaración del 27 de octubre en el Parlament tiene valor "estrictamente político" y que, después de haberla proclamado, no parece existir ningún escenario por el que los investigados puedan ejecutar acciones de reiteración de los ilícitos objeto de querella.
LA DUI, SOLO VALOR POLITICO
Además, teniendo en cuenta que Junqueras concurre a los comicios del 21 de diciembre, destaca la necesidad de preservar sus intereses "como actor en la escena política actual".
Pide que al valorar la proporcionalidad de la medida de prisión se valore el "daño reputacional" que ésta puede tener en un representante político en situación preelectoral.
Lamenta que la prisión preventiva "lesiona irremediablemente" el derecho a la participación política de Junqueras y el del conjunto de la ciudadanía a la representación política y la consideran una medida profundamente desproporcionada, en sus palabras.
En el escrito se pide su puesta en libertad o la asunción de otras medidas cautelares menos gravosas como la retirada de pasaporte, prohibición de abandono del territorio nacional, presentaciones regulares o una fianza.
SUPUESTO GOBIERNO EN EL EXILIO
Sobre el riesgo de fuga alegado para acordar la prisión, el abogado Andreu Van den Eynde resalta que Junqueras compareciera ante la Audiencia "a pesar del altísimo riesgo de detención e incluso de prisión provisional (así se apuntaba en todos los medios de comunicación) que por el momento político y la precipitación de los acontecimientos se corría".
Esta actitud muestra su voluntad de colaborar y "un altísimo nivel de sentido del servicio público e institucional donde el valor de la dignidad personal de cada uno de los encausados debe ser reconocido, más allá de discrepancias ideológicas".
Lamenta que la prisión provisional se vincule a "un hipotético riesgo de reiteración delictiva con la actuación en el extranjero de un supuesto Gobierno en el exilio de la República Catalana capitaneado por el querellado Carles Puigdemont, como legítimo President del mismo".
Precisamente lo contrapone a la decisión del Tribunal Supremo al optar por dictar libertad bajo fianza para la Mesa del Parlament porque "argumenta todo lo contrario, resaltando la diferencia entre los que se encuentran en el exilio y los que se encuentran a disposición judicial en beneficio de los investigados".
