La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela considera que se deben acumular en el Tribunal Supremo las causas que investigan el proceso secesionista en Cataluña porque se trata de delitos "conexos" y por tanto la escisión de la instrucción "dificultaría enormemente" la investigación conjunta de la organización del referéndum ilegal y la posterior declaración de independencia, llevada a cabo, explica por una "organización criminal", en referencia a los acusados.

Así lo expone la magistrada que instruye la causa en la Audiencia Nacional contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros en su informe remitido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga por su parte a los exmiembros de la Mesa del Parlament y que pidió valoración a las partes sobre la posible acumulación de todas las causas judiciales abiertas por el denominado 'procés'.

"La confluencia estratégica de todas las actividades, perfectamente sincronizada de acuerdo con el plan de la organización criminal, fue lo que en suma permitió la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y la ulterior declaración de independencia aprobada por el Parlament de Cataluña", reza el informe.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 considera que todas las personas querelladas forman parte de "una compleja y heterogénea organización" que desde 2015 -año en que arrancó el plan independentista- viene desarrollando una premeditada estrategia "perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles".

Por ello entiende que la investigación a los exmiembros del gobierno catalán por un lado y a los parlamentarios aforados por otro, no debe ser escindida, "sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido". De lo contrario, expone, se podría incurrir en un examen parcial y sesgado de los hechos.

Su postura choca con la mantenida por la Fiscalía que en su escrito remitido ayer al juez Llarena argumentó que la causa que instruye la Audiencia Nacional contra los catorce antiguos miembros del gobierno catalán debe seguir en este órgano y que la acumulación que ahora respalda Lamela podría ser prematura puesto que la condición de los exconsejeros, cesados en aplicación del artículo 155 de la Constitución, "puede verse alterada" tras los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre.

REPARTO DE PAPELES

En su informe, la juez describe un organigrama integrado desde el ámbito legislativo, ejecutivo y la sociedad civil. En este último punto se refiere al papel que juegan en la deriva soberanista las entidades de ANC y Òmnium Cultural, a su juicio "asesores ideológos" y "brazo civil" del gobierno catalán en este proceso de desconexión. Sus dos líderes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, también están siendo investigados en esta causa junto con el exjefe de los Mossos Josep Lluis Trapero y la intendente Teresa Laplana por el delito de sedición.

La juez recalca que todos los acusados forman parte de una organización que actuó para lograr la independencia de Cataluña alterando la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario. Dice que se trazó una hoja de ruta diseñada tras los comicios autonómicos de 2015 que recogía el papel que debían jugar los acusados a través de un plan que incluía la convocatoria de la consulta ilegal del pasado 1 de octubre.

Recuerda que ignoraron los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en torno a esta cuestión -ya que un mes antes suspendió de urgencia la ley de convocatoria del referéndum- y que la actividad parlamentaria fue encaminada a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del 'procés'.

PAPEL "ESENCIAL" DE LOS MOSSOS

Lamela también otorga un rol protagonista en este proceso a determinados miembros del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya ( CTTI) y del Consejo de Diplomacia de Cataluña (Diplocat) y califica de "esencial" el papel de los Mossos d'Esquadra en el mismo.

"Resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos", reza la magistrada que concluye que se ha producido una utilización ilegal de este cuerpo de la policía autonómica al servicio de los intereses secesionistas no solo en los actos relacionados con la celebración del referéndum sino en el espionaje que se puso en marcha a miembros de la Policía y Guardia Civil con motivo del mismo.

DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS

La juez de la Audiencia Nacional recuerda (como ya hizo en los autos en los que envió a prisión al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros) que las actividades que impulsó el Govern de cara a la consulta del 1-O fueron, al menos parcialmente, financiadas con fondos públicos.

Explica que, aunque la Intervención General de la Generalitat haya certificado que solo una pequeña cantidad de tal partida presupuestaria ha sido oficialmente utilizada, eso no implica que no se haya sufragado el referéndum con dinero público que en principio no estaba destinado a estos fines y al respecto recuerda que la exconsejera de Gobernación Meritxell Borrás decidió adoptar las medidas encaminadas a obtener dichos medios con que poder celebrar el referéndum.

Del mismo modo la juez detalla la articulación de planes de comunicación y propaganda de apoyo al movimiento secesionista dentro y fuera de Cataluña, así como la asignación de recursos tecnológicos de la Generalitat para apoyar la celebración del referéndum y para comenzar a desarrollar proyectos para la nueva República independiente.