El juez del Supremo Pablo Llarena ha pedido explicaciones al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat por su falta de cooperación con la Guardia Civil y le ha exigido que ponga a su disposición todos los mensajes de correo de exmiembros del Govern que les ha pedido.
El magistrado, que investiga el caso abierto en el Supremo por el proceso independentista, ha requerido al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña que ponga a su disposición de forma inmediata todos los mensajes que les reclamó la Guardia Civil cumpliendo un auto suyo del pasado 11 de enero.
Es la segunda vez que les pide esa información: la Guardia Civil ha informado al magistrado de que la cooperación del citado centro no fue completa en la primera ocasión.
Por eso, en su providencia de hoy, el juez ha pedido explicaciones al citado centro de la Generalitat de los motivos que llevaron a no dar cumplimiento inicial a lo requerido.
En su auto del 11 de enero, dictado dentro de una pieza secreta del sumario, Llarena ordenó "el acceso, examen y análisis de la correspondencia electrónica" de los exmiembros del Govern y de la Mesa, empezando por los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y por el exvicepresident Oriol Junqueras.
Además, pidió correos del presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí (JxS), Lluís María Corominas, y de la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya; así como de la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras.
Cumpliendo la orden del magistrado, la Guardia Civil copió correos de los líderes independentistas de las organizaciones ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y también de otros como la líder de ERC Marta Rovira o la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, así como de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.
El período vigilado por el auto de Llarena abarca desde el 28 de abril de 2016 y el 27 de octubre de 2017 (la fecha en que se disolvió el Parlament porque entró en vigor la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña).
Sin embargo, la Guardia Civil no pudo completar su tarea. La providencia de hoy señala cómo "el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información de la Generalidad de Cataluña no entregó los mensajes correspondientes a la totalidad de las direcciones de correo electrónico -personales o por razón de su cargo- que estaban asignadas o que pertenecían a las personas" que se mencionan en el auto.
Por eso se le requieren esos datos al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información de la Generalitat de Cataluña, "para su inmediata puesta a disposición de esta instrucción".
Y además el juez le exige que indique "los motivos que llevaron a no dar cumplimiento inicial a lo requerido".
