El expresidente catalán Carles Puigdemont se reune en Berlín con los diputados de su formación para analizar los pasos a seguir después de que el Parlament de Cataluña aprobara ayer una reforma para intentar una investidura a distancia, contra la que el Gobierno español recurrirá.

Será la segunda reunión en este formato en la capital alemana, donde reside Puigdemont mientras la Justicia alemana estudia la petición de extradición a España, tras la que mantuvo con sus diputados el pasado 18 de abril.

Ya ahí se abordaron posibilidades para una investidura antes del plazo límite, el 22 de mayo, pero la cita con una treintena de parlamentarios de su formación concluyó sin aparentes avances..

La reunión de este sábado está previsto que empiece sobre las 13.00 GMT, en un hotel berlinés, y al término de la misma se prevé que se atienda a los medios.

Esta nueva cita de Puigdemont y sus diputados sigue al plenario del Parlament catalán de ayer, en que se aprobó una reforma de la Ley de la presidencia de la Generalitat para poder investir a distancia, pro vía telemática, a Puigdemont.

La reforma fue respaldada por 70 votos -los del bloque independentista-, mientras que se opusieron los 64 diputados de los partidos constitucionalistas.

La modificación de la Ley de la presidencia serviría para investir a Puigdemont, aunque eso difícilmente ocurrirá antes de que expire el límite del 22 de mayo para convocar nuevas elecciones.

El Gobierno español tiene previsto recurrir la reforma al TC, por lo que quedará en suspenso en cuanto sea admitido a trámite el recurso.

A esta situación se une que el propio Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, de carácter consultivo, se ha pronunciado ya en contra de una investidura a distancia o telemática.

Puigdemont fue detenido el pasado 25 de marzo al entrar en Alemania por la frontera con Dinamarca, en virtud de una euroorden y por los cargos de rebelión y malversación de fondos públicos.

Este mismo día ingresó en la cárcel de Neumünster, en el estado federado de Schleswig Holstein, y un juzgado de primera instancia decidió mantenerlo en prisión mientras se decidía sobre ese procedimiento.

Unos días después, la Fiscalía de Schleswig-Holstein pidió a la Audiencia Territorial la extradición del líder soberanista por ambos delitos.

El 5 de abril, ese tribunal desestimó el cargo por rebelión, dictó la puesta en libertad al expresidente catalán bajo fianza de 75.000 euros y solicitó más información sobre el delito de malversación de fondos.

El proceso volvió entonces a la Fiscalía de Schleswig-Holstein, que se reunió con representantes de la Justicia española en La Haya para recabar las nuevas informaciones solicitadas.

La decisión al respecto puede demorarse aún "unos días", indicó el viernes a Efe la portavoz de la Fiscalía, Wiebke Hoffelner, quien reconoció que la revisión de la documentación entregada está prolongándose, pero subrayó que en este paso prima "la minuciosidad sobre la velocidad".

La ley estipula que los procesos de extradición dentro de la Unión Europea (UE) "deberían" decidirse en un plazo de 60 días, pero eso es más una orientación que una obligación, añadió esa fuente, que dejó entrever que, si es preciso, se pueden prolongar.