El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzgará este lunes 18 de noviembre al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un presunto delito de desobediencia por no haber acatado la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat en periodo electoral.
Torra será juzgado al haber mantenido en el Palau y en edificios públicos de la Generalitat 'estelades' y la pancarta 'Libertad presos políticos' con un lazo amarillo, en el periodo electoral de las generales del 28 de abril de 2019, pese a la orden de la JEC de retirarlo.
El presidente acudirá sobre las 8.30 horas arropado de los miembros de su Govern, Òmnium Cultural, ANC, AMI y ACM, y hará un recorrido a pie desde el Arc de Triomf hasta el Alto Tribunal catalán, donde el juicio empezará a las 9.00 horas.
El primero en declarar en el juicio será Torra como acusado, y durante la mañana se espera la declaración de una decena de policías y del excomisario jefe de Mossos Miquel Esquius.
En la sesión de la tarde declarará a partir de las 16 horas el portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; la exportavoz del Govern y concejal de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi; el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, y el conseller de Interior, Miquel Buch.
Aunque el juicio tenía que celebrarse el 25 y 26 de septiembre, coincidiendo con el Debate de Política General en el Parlament, finalmente el TSJC lo reprogramó para el 18 de noviembre porque tenía que resolver las recusaciones presentadas contra el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y la magistrada Mercedes Armas, así como contra el magistrado Carlos Ramos, instructor de dichas recusaciones.
La causa parte de un recurso de Cs ante la JEC para exigir la retirada de los símbolos el 7 de marzo, lo que derivó en la incoación de un procedimiento que acabó en un acuerdo el 11 de marzo que exigía a Torra retirar los lazos en 48 horas.
INFRINGIR LA NEUTRALIDAD
El TSJC envió a Torra a juicio al considerar que los lazos y 'estelades' son propios de unos partidos políticos y ajenos a otros que se oponen a ellos, de forma que, según reiterados acuerdos de la JEC refrendados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "se consideran partidistas, por lo que no pueden ser exhibidos por las Administraciones y por los poderes públicos durante los periodos electorales, sin infringir gravemente su deber de objetividad y de neutralidad".
La JEC ordenó a Torra retirar los símbolos el 11 de marzo, pero Torra presentó poco antes de vencer el plazo una reconsideración, que fue denegada por otro Acuerdo, de 18 de marzo 2019, por el que la JEC ordenó personalmente a Torra retirar los símbolos en 24 horas, según el auto de apertura de juicio oral.
Entonces Torra, sin cumplir con este mandato, presentó el 19 marzo un escrito solicitando su suspensión y una aclaración, "arguyendo una pretendida dificultad para su cumplimiento y advirtiendo que esperaba un informe al Síndic de Greuges sobre algunos aspectos comprometidos en la retirada de los símbolos".
El tribunal tiene en cuenta unas declaraciones de la entonces portavoz del Govern, Elsa Artadi, que, en rueda de prensa el 19 de marzo tras el Consell Executiu, informó de la decisión personal de Torra de mantener la pancarta con un lazo amarillo y el lema de 'Llibertat presos polítics' que colgaba del balcón del Palau de la Generalitat, y de una nota de prensa en el mismo sentido del día 20.
El 21 de marzo Torra dispuso presuntamente que la pancarta con el lazo amarillo "fuera completamente cubierta" por otra del mismo tamaño y formato junto a un lema similar --'Libertad presos políticos y exiliados'--, pero en la que el lazo amarillo había sido sustituido por un lazo del mismo color blanco que el del fondo de la pancarta, cruzado por un grueso trazo de color rojo, según el escrito.
En su escrito, el juez relata cómo Torra no retiró los símbolos durante aquellos días pese a dos acuerdos de la JEC en que lo ordenaba, de 11 y 18 de marzo, y que no fue hasta el día 22 que fueron retirados tras ordenarse a los Mossos d'Esquadra que procedieran a hacerlo.
"SÍ, DESOBEDECÍ"
Torra declaró el 15 de mayo ante el TSJC como investigado por esta causa, donde afirmó: "Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos".
Además, explicó que no dictó la orden de retirar los símbolos porque consideró: "Era una orden manifiestamente ilegal dictada por un órgano que no era competente en absoluto, no era una autoridad competente superior a mí".
La Fiscalía Superior de Cataluña pide condenarle a una inhabilitación de un año y ocho meses por un presunto delito de desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC) y multarle con 30.000 euros.
La acusación popular ejercida por Vox solicita para el presidente una multa de 72.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público por un plazo de dos años, que incluye su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cualquier otro cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo.
