Mientras el coronavirus remite cada día en España, la tensión política aumenta y el Gobierno de coalición progresista corre el riesgo de no tener apoyos en el Parlamento para prorrogar el estado de alarma, instrumento legal para continuar con el confinamiento, en pleno periodo de desescalada de la pandemia.

Según datos oficiales, en las últimas 24 horas España registró por segundo día consecutivo menos de 200 muertes, aunque suma un total de 25.428; y los enfermos curados multiplicaron por seis la cifra de nuevos casos, que no obstante llegan a 218.011.

Sin embargo, estas cifras positivas contrastan con la gresca política, a raíz de una nueva prórroga del estado de alarma.

El Gobierno tiene previsto solicitar este martes una prórroga del mismo, declarado el pasado 14 de marzo, que ha permitido controlar la movilidad de los ciudadanos, hasta ahora muy eficaz para frenar la expansión del COVOD-19.

Pero esta medida, excepcional en un Estado de derecho, debe ser autorizada por el Congreso de los Diputados, y por ahora, el Ejecutivo, que gobierna en minoría no tiene garantizados los apoyos necesarios, a diferencia de lo que ocurrió en las tres prórrogas solicitadas anteriormente.

El Gobierno defiende la necesidad de mantener esta situación para "no dar pasos atrás y seguir manteniendo la guardia alta" e insiste en que no hay un "plan B" al rechazo del estado de alarma, porque es el único instrumento constitucional para limitar la libertad de movimientos.

El conservador Partido Popular (PP), principal grupo de la oposición, que hasta ahora había apoyado esta medida, se muestra en contra y su líder del PP, Pablo Casado, dijo ayer que mantener el estado de alarma "no tiene sentido” y pide retomar la actividad, aunque no especificó qué votará mañana en el Congreso.

Desde el Gobierno, aumenta la presión sobre este partido y le advierten de que será responsable del "caos" y del "desorden" que puede producirse en España si no apoya la prórroga que solicita.

El partido socialista (PSOE) y el izquierdista Unidas Podemos, que integran el gobierno de coalición, tienen 24 horas para negociar el apoyo parlamentario, tanto con el PP como con los liberales de Ciudadanos y con los nacionalistas vascos, ya que los dos grupos independentistas catalanes presentes en el Congreso votarán en contra.

Pero mientras los políticos se enfrascan en disputas, España perdió 950.000 empleos desde mediados de marzo, y solo en abril la cifra fue de 548.093, marcando la primera destrucción de empleo en ese mes desde 2009, según datos oficiales de este martes.