El Defensor del Pueblo considera que el Ministerio de Sanidad debería establecer un precio máximo para las pruebas diagnósticas del covid en laboratorios privados, que presentan costes de entre 100 y 130 euros a los que no pueden acceder personas "no atendidas debidamente por los servicios públicos de salud debido a la saturación".
Así lo indica el Defensor en su informe anual correspondiente a 2020 en el que informa de que ha actuado de oficio sobre el elevado coste de las pruebas PCR en España; unos test que considera "fundamentales para controlar la pandemia", y a los que muchas personas no pueden acceder "con los riesgos consiguientes" que supone en contactos estrechos, convivientes, empresas y actividades de riesgos o en caso de viaje.
El Informe califica de "insuficiente" que el Ministerio de Sanidad alegue que no puede fijar un precio máximo para los kits de pruebas de PCR por no ser "productos de venta al público, sino estar dirigidos a profesionales", al entender que "no responde al planteamiento amplio realizado por la Institución".
"Por diversas informaciones, aunque no de carácter oficial, se conoce que el coste real de este tipo de pruebas PCR es muy inferior, aun sumando un margen de beneficio para la entidad o empresa que las realiza", lamenta el Defensor, que detalla que "las contrataciones por parte de algunas administraciones autonómicas se llevan a cabo, al parecer, a un precio tres veces inferior al de mercado".
Por ello reclama un precio máximo para los particulares, que podría situarse en una franja intermedia y asegura que el Real Decreto sobre el actual estado de alarma, que concluye el próximo 9 de mayo, contiene "elementos extraordinarios que justificarían suficientemente una decisión sobre esa específica actividad clínica comercial".
Según el Informe, un estudio realizado en una comunidad autónoma entre los meses de julio y octubre de 2020 reflejó que hasta un 10 % del total de PCRs realizadas se habían hecho por iniciativa particular y subrayaba que se había detectado también una brecha territorial, ya que podían ascender hasta el 30 % las efectuadas en zonas o áreas geográficas con más renta.
Durante 2020 el Defensor del Pueblo ha abierto 1.651 expedientes de quejas individuales, 487 agrupados y 43 actuaciones de oficio referidas al Sistema Sanitario.
