https://www.facebook.com/100064615902591/videos/3240393946252329/ Se trata de la tercera concentración que se ha llevado a cabo este mes por parte de la Junta de Personal de Atención Primaria en Huelva por agresiones a profesionales del sector sanitario. En las dos ocasiones anteriores tuvieron lugar en Almonte.

En lo que va de año, además, también se produjo en enero otra concentración por la agresión a una trabajadora social del centro de Salud de El Torrejón de Huelva que tuvo que ser trasladada al Hospital Juan Ramón Jiménez. Este incidente fue el tercero en los primeros 15 días del de enero de 2023, tras la agresión el día 2 a una enfermera en el Centro de Salud de Moguer, y el día 10 a una médico en el Huelva Centro.

Asimismo, en febrero se sufrió también una agresión verbal y física en el Centro de Salud de Los Rosales en la capital onubense, según los datos que se conocen a través de los sindicatos.

CSIF recuerda que “la Administración Pública tiene el deber básico de proteger el interés público o general y de esta obligación nace ineludiblemente su potestad sancionadora”. Cercadillo ha recordado que “la Ley de Salud de Andalucía ordena los servicios y actuaciones de asistencia sanitaria pública y privada en Andalucía, articula el respeto y el cumplimiento de los derechos y obligaciones respecto a los servicios sanitarios y también recoge este régimen sancionador, que pedimos se desarrolle”.

Desde CSIF han insistido en que la violencia en el ámbito laboral es “inaceptable y no puede tolerarse bajo ningún concepto. Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a desempeñar sus labores en un entorno seguro y libre de violencia y agresiones”. Para ello, CSIF insiste en la necesidad de que haya vigilante de seguridad en los centros, por lo que exige al SAS que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras de los centros de salud.

En esta línea, “desde CSIF Sanidad entendemos que hay muchas formas de manifestar el desacuerdo, pero nunca la violencia”, ha subrayado Cercadillo, quien ha insistido en la petición previa a la pandemia del sindicato de incluir un régimen sancionador en la Ley de Salud Pública de Andalucía. “Entendemos que la Administración debe incoar un expediente administrativo e imponer sanciones administrativas adecuadas”, ha señalado.

 “Las agresiones físicas y psíquicas que sufrimos diariamente todos los empleados y empleadas públicas, hace necesario una adecuación urgente que actúe como medida disuasoria frente a conductas reprobables e intolerables. Nada justifica el uso de la violencia hacia un profesional de la sanidad”, concluye el responsable del sector de Sanidad de CSIF en Huelva.

César Cercadillo, responsable del sector de Sanidad de CSIF Huelva, lamenta las 1.494 agresiones a profesionales del SAS registradas en 2022 y ha tachado esta cifra de “escalofriante”, al tiempo que ha exigido “que no se pueden normalizar bajo ningún concepto este tipo de conductas que desgraciadamente sufren los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública”.

En este sentido, “volvemos a la casilla de salida, a una cifra similar a la que teníamos en 2019 (1.524), con lo que una vez más ponemos el grito en el cielo porque además hay muchas agresiones todos los días que no se comunican al centro por la normalización de dichas conductas”, ha argumentado.

El responsable sindical ha destacado especialmente que el 36,4% de las agresiones a profesionales del SAS durante 2022, es decir, un total de 544, han tenido que ver con demandas de la personas usuaria, como por ejemplo demandar atención fuera de cita programada, demandar atención para un familiar o exigir un tratamiento distinto del prescrito por el facultativo.

Por último, desde CSIF "queremos transmitir todo nuestro apoyo y solidaridad a los trabajadores agredidos, así como a sus compañeros y compañeras de trabajo. Desde nuestro sindicato seguiremos trabajando para garantizar que los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública puedan desempeñar sus labores en un entorno seguro y sin violencia".