Este miércoles 7 de junio, se cumplen seis años de la resolución del Banco Popular, que dio pie a la venta de la entidad presidida por Emilio Saracho al Santander. 2191 días en los que, después de una instrucción interminable, el magistrado José Luis Calama ha de decidir si continúa por los trámites del procedimiento abreviado o si opta finalmente por archivar la causa.
Esta última opción parece haber ganado adeptos en las últimas fechas, después de la petición de dos de los auditores de PricewaterhouseCoopers implicados en el caso, José María Sanz Olmeda y Pedro Barrio.
A través de un escrito, presentado el 26 de mayo, Sanz Olmeda y Barrio argumentan que la resolución y posterior venta del Banco Popular por un precio simbólico de euro (a pesar de contar con un patrimonio de 11.000 millones de euros en activos) se debió principalmente a la mala gestión de la comunicación corporativa durante la presidencia de Emilio Saracho. Esta circunstancia supone un giro en la estrategia de defensa de PwC, que se alinea con la tesis de que la entidad tenía un problema de liquidez, y no de solvencia, según viene argumentando la defensa de Ron.
En este sentido, los auditores de PwC se respaldan en el último informe de la consultora, presentado ante la Audiencia Nacional y según el cual, las cuentas del Banco Popular de 2015 y 2016 “expresaban la imagen fiel y cumplían siempre con la normativa” y sus estados financieros se habían elaborado “de acuerdo con las normas contables aplicables en cada momento”.
Asimismo, según esta pericial, los informes de PwC, la consultora encargada de coordinar las auditorías de las cuentas anuales de la entidad entre 2009 y 2015, fueron “sin salvedades” ya que, tanto la información financiera de la ampliación de capital – en sintonía con lo expuesto anteriormente por Iturriaga en su pericial – como la de las cuentas de 2016 (elaboradas según la norma aplicable) fue “completa”.
FILTRACIONES
PwC se exculpa ahora de las acusaciones y solicita que se cierre la causa en su contra ya que, según su último escrito, los auditores actuaron correcta y diligentemente en el desempeño de su trabajo. El documento subraya que los auditores no tuvieron capacidad de decisión sobre las ampliaciones de capital aprobadas por la entidad.
Sanz Olmeda y Barrio ponen el foco especialmente en las filtraciones a los medios de comunicación efectuadas tras la llegada de Saracho a la presidencia del Banco Popular, en sustitución de Ángel Ron. Los auditores destacan concretamente la noticia del 11 de mayo de 2017, que informaba acerca de la contratación de JP Morgan y Lazard por parte de Saracho para iniciar la venta urgente del banco, en riesgo por la salida masiva de depósitos. Desde PwC consideran que estas filtraciones fueron las principales causantes de la resolución de la entidad ahora hace seis años.
Un último giro, que resalta la complejidad y los diversos matices del caso Popular. La investigación sigue su curso, y la resolución final tendrá un impacto significativo en el sistema financiero español y posiblemente en las regulaciones y las prácticas bancarias.
