El grupo de trabajo conformado por representantes de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para buscar una solución consensuada al problema de los agricultores cuyas tierras quedaron fuera del 'Plan de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana', aprobado en 2014, celebrará este próximo lunes, 9 de octubre, una primera reunión "técnica" en Sevilla.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Junta, que han precisado que se prevé que esta reunión se empiecen a poner propuestas encima de la mesa. El miércoles 11 de octubre se desarrollará además otra reunión del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Junta con colectivos de la zona, como los agricultores y regantes.

El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha insistido este viernes desde Madrid en la voluntad de llegar a un acuerdo que tiene la Junta y ha valorado que el Gobierno central haya "reaccionado" ante un problema de muchos años.

"Nosotros vamos a intentar, por un lado, ofrecer una apuesta claramente por el impulso al sector económico de Huelva, y una apuesta por la actividad de nuestros agricultores y el futuro de nuestra agricultura", ha dicho Sanz.

En cuanto a la proposición de ley para regularizar regadíos en la comarca del Condado de Huelva, en el entorno de Doñana, el consejero ha querido dejar claro que no se ha retirado, sino que está pendiente de si hay acuerdo: "Confiamos en que pueda haber acuerdo y vamos a poner todo el empeño en este mes que nos hemos dado para alcanzar ese acuerdo". Asimismo, ha considerado fundamental que los agricultores respalden ese acuerdo.

La reunión del lunes se producirá casi una semana después de la que el pasado martes celebraron en el mismo Palacio de San Telmo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno en funciones y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tras la que ambos responsables anunciaron la apertura de un proceso de diálogo en torno a esta cuestión entre la Junta y el Gobierno, que, según se indicó entonces, iba contar con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al frente de su representación en dicho grupo de trabajo.

El inicio de este periodo de diálogo implica aplazar un mes el debate de la proposición de ley impulsada por PP-A y Vox que modifica el Plan de Ordenación y que pretende regularizar zonas de regadío en la comarca del Condado de Huelva, que, según advirtió el presidente de la Junta, se retomará en el Parlamento de Andalucía si al cabo de ese tiempo no ha habido un acuerdo entre sendos gobiernos y los afectados.

Juanma Moreno agradeció el pasado martes a la vicepresidenta su presencia en la sede de la Presidencia de la Junta como "un gesto que demuestra una voluntad de diálogo", y señaló como "objetivo común" de ambas administraciones el de propiciar la "sostenibilidad en espacios naturales y, al mismo tiempo", el de "preservar el desarrollo económico y social de la zona, y especialmente de la provincia de Huelva".

Tras apostar por un "diálogo honesto desde posiciones encontradas", Moreno defendió la decisión de aplazar el debate final de la proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, previsto inicialmente para la próxima semana en el Pleno del Parlamento, como una muestra "firme y determinante" de la "voluntad de llegar a acuerdos" con el Gobierno central por parte de la Junta de Andalucía.

Se trata así de tener "tiempo de poder dialogar, conversar, construir, mejorar, proponer; en definitiva, de poder avanzar", según abundó el presidente de la Junta, que expresó su deseo de que el diálogo que se va a iniciar con el Ministerio "sea fructífero", además de "honesto, sincero y sensato", y que señaló que los equipos negociadores van a "tener que tirar de capacidad, de audacia, de complicidad y de generosidad para intentar buscar soluciones a algunos problemas que a veces son tan enconados y otros que son complejos de solucionar".

Por su parte, la vicepresidenta Teresa Ribera defendió que las administraciones deben estar "a la altura de las circunstancias y trabajar juntos", así como "escuchar a quienes viven en el territorio" e "intentar encontrar las propuestas que, respetando la legalidad ambiental y las aspiraciones sociales, satisfagan en mayor medida a todos los habitantes".

Para ello, según agregó la vicepresidenta, "hemos creído oportuno que, además de darnos ese mes de plazo para poder presentar este marco de actuaciones de desarrollo territorial y social", la Junta y el Gobierno escuchen a representantes de las personas que viven en el territorio afectado, y expresó su deseo de que "el trabajo que hemos iniciado estos días" culmine con "éxito en las próximas semanas", al tiempo que defendió el Marco de Actuaciones Alternativas para Doñana dotado con 350 millones de euros, que recoge los trabajos proyectados por el Ministerio que dirige con el objetivo de "recuperar el funcionamiento ecológico de este espacio emblemático y mitigar los impactos a los que se enfrenta".