El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha hecho entrega este jueves a la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol, del ‘Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria’, dando cumplimiento a la encomienda recibida del Congreso de los Diputados tras la aprobación de una Proposición no de Ley (PNL), el 10 de marzo de 2022, que contó con el voto a favor de la mayoría de los grupos políticos de la Cámara Baja.
El Informe consta de 777 páginas, pero incluye también un anexo sobre la ‘Localización de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica’. Se trata de un largo distado en el que Huelva aparece en cinco ocasiones.
Para elaborar este anexo, se ha acudido a tres fuentes de información: personas entrevistadas por la Unidad de Atención a Víctimas (Defensor del Pueblo), respuestas recibidas de los obispados, arzobispados y superiores de instituciones de vida consagrada y los cuatro dosieres entregados por el periódico El País. Solo una de las cinco localizaciones en la provincia de Huelva ha sido nombrada por las tres fuentes: abusos en el Colegio Salesiano Cristo Sacerdote de la capital onubense.
Además, el anexo incluye otras cuatro localizaciones contempladas en los dosieres de El País: el Cortijo El Bravo en la Sierra de Aracena, y el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza La Rábida, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y el Seminario, en la capital.
Según se describe, la tabla del anexo recoge la localización de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica que fueron comunicados al Defensor del Pueblo durante el periodo de recogida de información y elaboración del informe, es decir, entre el 1 de julio de 2022 y el 9 de octubre de 2023. El listado incluye todos los casos reportados, sin descartar ninguna alegación, siendo indiferente si estaban comunicados o no a la justicia civil o canónica, o si estaban prescritos, archivados o resueltos.
Además, se explica que cada localización no implica necesariamente un solo agresor y una sola víctima. De hecho, "hay centros educativos (colegios, seminarios) que incluyen casos de varios agresores y con varias víctimas en el mismo o diferente periodo de tiempo; parroquias con un agresor y numerosas víctimas, etc". De igual modo, apuntan, "aunque sea excepcional, un agresor puede haber generado distintas localizaciones al actuar en sitios diferentes con víctimas sucesivas".
Al margen de este listado del horror, que en 44 páginas sitúa en el mapa los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica en España, el Informe también se hace eco de las conversaciones mantenidas con la Diócesis de Huelva durante la elaboración del mismo.
De un lado, se destaca que la Diócesis de Huelva indica que ha llevado a cabo una “rigurosa y seria investigación de todos los documentos y archivos desde 1953”, especialmente de los archivos personales y de correspondencia de los diferentes obispos diocesanos, las carpetas personales de los sacerdotes y del tribunal.
También explica el informe que en su primera contestación, varias diócesis afirman no haber tenido noticia o denuncia de ningún caso de abuso sexual en los últimos setenta y tres años o desde la creación de su diócesis. Ese es el caso de Huelva, Albacete, Huesca, Málaga, Osma-Soria, Segovia y la Castrense. Sin embargo, aparecen en alguno de los tres primeros dosieres de El País las diócesis de Albacete (1 caso), Huelva (4 casos), Málaga (3 casos) y Segovia (1 caso).
La Diócesis de Huelva, en su segunda respuesta, afirma haber realizado una rigurosa investigación sobre los casos de El País consultando los archivos diocesanos desde el año 1953 (año de creación de la diócesis), especialmente los archivos personales y de correspondencia de los distintos obispos y las carpetas personales de los sacerdotes, sin encontrar nada, tampoco en el tribunal eclesiástico. En estos cuatro casos indica que abrió investigación previa al procedimiento canónico, pero aun así no los incluye, al no haber encontrado información en sus archivos.
