El próximo domingo, 17 de marzo, a las 21.00 horas, se procederá a interrumpir el tráfico en el puente José León de Carranza por un periodo de cuatro meses. La obra, con un presupuesto de 3,1 millones de euros, se lleva a cabo ante la situación de grave riesgo que presenta la infraestructura, inaugurado a finales de octubre de 1969. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de diciembre el acuerdo por el que se tomó razón de la declaración de emergencia y de su ampliación para las obras de sustitución de vigas en el vano 30, pero los detalles de los trabajos no se han conocido hasta hace unos días y el plan de tráfico para minimizar el impacto no se conocerá, como pronto hasta el próximo martes, en el mejor de los casos, o miércoles, a solo unos cuatro o cinco días de que la circulación se vea afectada.
Lo he escrito ya el VIVA CÁDIZ y lo repito en esta páginas. No hace falta ser experto en comunicación corporativa o política para concluir que ningún responsable público quiere ponerle rostro al previsible colapso que provocará el corte de uno de los tres accesos a la capital gaditana. La Subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, se refirió al asunto por primera vez el viernes. Lo hizo para restarle importancia, indicando que el puente de la Constitución de 1812 alivirará las molestias y recomendando “venir a Cádiz más tempranito” y asumir que “habrá alguna retención”. Pero lo hizo con absoluta frivolidad, dado que reconoció sin rubor que no tenía la información hasta que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible remitió una nota a los medios de comunicación sobre las obras. La actuación del Ayuntamiento de Cádiz tampoco es mucho mejor. El PP se apresuró a poner de manifiesto la más absoluta descoordinación con el debate de un moción que pedía precisamente que las instituciones se pusieran de acuerdo en la elaboración del plan de tráfico, pero el alcalde, Bruno García, no concretó si las comunicaciones con la Subdelegación del Gobierno en estas semanas se hizo de manera oficial u oficiosa, si ha habido intercambio de documentación con registro de salida y entrada o si, por el contrario, se había llevado a cabo por “tam tam o Whatsapp”, parafraseando a José Manuel Cossi.
Lo cierto es que si unos trabajos programados desde hace tres meses, con proyecto y tramitación administrativa, por muy urgente que se haya completado el expediente, no ha trascendido públicamente ni esté en mano de todos los actores implicados para hacer una campaña informativa de las alternativas de tráfico o decidir si habrá refuerzo en el transporte público, ¿qué pasará cuando se produzca algo inesperado, como un desastre natural? Ignoro si todo este caos obedece a la falta de lealtad institucional, con la Subdelegación del Gobierno en manos del PSOE y Sumar, y Ayuntamiento y Junta de Andalucía, en manos del PP, o por la falta de compromiso de los representantes políticos. Lo que sí tengo claro es que la opinión pública debe ser exigente con quienes gestionan la cosa pública. Lo hacen por vocación (¿o no?) y cobran por ello. Gozan de cierto estatus, que asuman también la responsabilidad.
