Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación en Andalucía (CSIF, ANPE, Ustea, CCOO y UGT) se han movilizado este miércoles en todas las provincias andaluzas, a excepción de Sevilla, para exigir a la Consejería de Educación y Formación Profesional que retome el diálogo y la negociación para incrementar las plantillas docentes en la comunidad autonóma, una necesidad que las organizaciones sindicales consideran “urgentísima” para “avanzar verdaderamente en medidas que refuercen el sistema educativo público andaluz y dignifiquen la labor del profesorado”.

Así lo han manifestado en la concentración celebrada a las puertas de la Delegación de Educación en Huelva, donde se ha dado lectura a un manifiesto en el que los sindicatos han denunciado “la ruptura de las negociaciones por parte de la Administración después de meses de pocos avances y continuas dilaciones y cortapisas”. “Con estas movilizaciones exigimos la reanudación de las conversaciones y el cambio de actitud de la consejería”, han apuntado.

 

Con estas protestas y la que tendrá lugar el próximo 24 de abril en Sevilla ante la Consejería, los sindicatos reclaman a la Junta, a la que reprochan su "falta de voluntad política", que “rectifique y retome el diálogo con la representación del profesorado, para avanzar hacia un modelo educativo público de calidad e inclusivo, en el que sus profesionales vean reconocido su trabajo con una mejora de condiciones laborales”.

En concreto, reclaman al Gobierno andaluz “que asuma su responsabilidad sin escudarse en un contexto estatal, que no es ni puede ser un obstáculo para la defensa de nuestra Educación Pública”, al tiempo que reivindican “una mejora de nuestras condiciones laborales, pero también y sobre todo, exigimos una serie de medidas que garanticen una Educación Pública de máxima calidad como la que Andalucía merece”.

En concreto, las medidas incluidas en el manifiesto son: bajada de la ratio en todos los niveles y enseñanzas, para poder dar a todas nuestras alumnas y alumnos la atención personalizada que necesitan; terminar con la política de supresión de aulas en la escuela pública que está suponiendo un enorme perjuicio a los centros educativos y a la labor que desarrollan; mejora de la atención a la diversidad y al alumnado más vulnerable, como aquel con necesidades específicas, en todos los centros educativos; reducción del horario lectivo docente para poder realizar nuestra labor de planificación y coordinación, sin que esto suponga el sacrificio de nuestra vida personal; y reducción de la carga burocrática, para poder dedicarnos  a lo más importante: la educación de nuestras alumnas y alumnos.