Desde 2005, Ecologistas en Acción realiza el informe ‘Banderas Negras'. Ininterrumpidamente desde 2015, en la versión actual, se otorgan un total de 48 banderas negras, dos por provincia y/o ciudad autónoma, una bandera negra por contaminación y otra por mala gestión ambiental de nuestras costas. El objetivo es “recoger las afecciones ambientales más graves en el litoral español”.
En el caso de Huelva, la bandera negra por contaminación se la lleva la ría de Huelva y la de mala gestión ambiental es para la playa de El Portil.
Según explica la organización ecologistas en su informe, consultado por Viva Huelva, en el caso de la bandera negra para la ría de Huelva, que comprende tanto término de la capital onubense como de Palos de la Frontera, el motivo es el siguiente: “El proyecto de Fertiberia para las balsas de fosfoyesos supone la renuncia a la recuperación de las marismas del Tinto para la ciudad de Huelva y la consagración del enorme vertedero de residuos peligrosos y radiactivos formados por los 120 millones de toneladas que las ocupan. El uso del Puerto de Huelva como lugar de descarga desde los metaneros y petroleros y el almacenamiento de gas en gigantescos depósitos va a ser cada vez más intensivo. Ahora hay que añadir los proyectos basados en el uso de residuos plásticos como materia prima para la fabricación de combustibles, con el consiguiente aumento del riesgo de accidentes graves de incalculables consecuencias para las poblaciones cercanas y el medio ambiente, a las puertas de Doñana”.
Además, añaden que “la constante propaganda sobre la futura producción de hidrógeno verde llevada a cabo por empresas cuyo objetivo fundamental es el refinado del petróleo y sus industrias auxiliares o por la misma Fertiberia que creó el macro-vertedero de fosfoyesos, no ayudan a creer en una mejora de la situación de la Ría de Huelva”.
En cuanto a la playa de El Portil, que incluye términos de Punta Umbría y Cartaya, Ecologistas en Acción indica que “situar urbanizaciones en zonas de fuerte dinámica litoral, buscando la ocupación hasta el extremo de la playa y el dominio público litoral generan situaciones de riesgo permanente para las mismas, máxime cuando se han construido embalses en los ríos que aportan los sedimentos que alimentan las playas y los espigones costeros han generado nuevos cambios en los movimientos de las arenas”.
Ante esta situación, lamentan que “han primado las obras de emergencia, muchas de ellas realizadas ilegalmente, sin coordinación ni evaluación de los impactos concatenados, en una sucesión de muros de piedras, sacos rellenos y la continua reclamación de nuevos espigones. En definitiva, continuo despilfarro de dinero público para defender puntualmente los intereses privados derivados de unas construcciones que nunca se debían haber situado en esos lugares”.
