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Huelva

El CGPJ propone medidas para mejorar los juzgados más afectados por causas de narcotráfico

En Huelva serían los de Ayamonte y Moguer los que se encuentran en una "situación deficitaria" en medios personales y materiales

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  • Juzgado Ayamonte -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto medidas dirigidas a mejorar la situación de los órganos judiciales de las provincias de Huelva y Cádiz afectados por las causas de narcotráfico.

La comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces ha abordado este jueves el informe del Servicio de Inspección sobre la situación de los juzgados de Ayamonte y Moguer, en Huelva,; así como los de Barbate, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz; y las secciones penales de la Audiencia gaditana.

También ha dado su visto bueno a las medidas que se proponen en el informe para paliar la situación de dichos órganos judiciales como consecuencia de la instrucción de causas complejas de narcotráfico y de la "considerable carga" de trabajo que soportan.

Las medidas se proponen como resultado de la reunión que la Comisión Permanente mantuvo el pasado 18 de abril en Cádiz con titulares de órganos judiciales de los partidos judiciales afectados.

El informe del Servicio de Inspección, del pasado 8 de abril, señala que los juzgados de los partidos judiciales de Barbate, la Línea de la Concepción, Sanlúcar de Barrameda, Ayamonte y Moguer se encuentran en una "situación deficitaria" en medios personales y materiales.

En términos globales, Inspección advierte de que la situación en la que se encuentra la jurisdicción penal en la provincia de Cádiz es "muy preocupante" en lo que se refiere a los juzgados de primera instancia e instrucción, a lo que se añade la situación deficitaria de la Sección Séptima de la Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras.

Todo ello, ha informado el CGPJ en un comunicado, se debe a la instrucción de los procedimientos seguidos por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, especialmente los referidos a organizaciones criminales, que causan "importantes disfunciones y retrasos", de forma más acusada en los juzgados de primera instancia e instrucción, que tienen competencias civiles, penales y, a menudo, de violencia sobre la mujer y registro civil.

Lo mismo ocurre en la Sección Séptima de la Audiencia de Cádiz cuando estos procedimientos llegan a la fase de enjuiciamiento, lo que general un volumen de trabajo que resulta "inasumible" con las actuales plantillas y estructuras judiciales.

El Servicio de Inspección considera conveniente adoptar de forma urgente "medidas extraordinarias de reorganización de los medios personales y materiales" de las provincias de Huelva y Cádiz con el fin de alcanzar una mayor eficiencia en la instrucción y enjuiciamiento de todos los delitos vinculados al narcotráfico.

También recomienda otro tipo de medidas que requieren reformas legislativas, de planta y demarcación y de dotación de agentes externos colaboradores que resultan imprescindibles para el éxito de la instrucción y enjuiciamiento de este tipo de delitos.

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