El Pleno del Ayuntamiento de Huelva reunido este miércoles en sesión extraordinaria ha dado cuenta del dictamen del Tribunal Supremo, notificado el pasado 10 de enero, en el que inadmitía el recurso de casación presentado contra la sentencia que anulaba la expropiación de las acciones del Recreativo de Huelva en 2016. Al ser inadmitido el recurso, la sentencia es firme y, por lo tanto, es de obligada aceptación por parte del Ayuntamiento de Huelva.
De este modo, quedan agotadas todas las vías judiciales por lo que el consistorio procederá en cumplimiento de la sentencia al inicio del procedimiento de traspaso de las acciones a Gildoy España, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa.
Así, según ha explicado el teniente de alcalde de Economía del Ayuntamiento de la capital, Francisco Muñoz, con el acatamiento obligatorio de la sentencia "termina el procedimiento judicial al quedar agotadas todas las vías judiciales y nos obliga a iniciar el procedimiento para traspasar las acciones". La inadmisión del recurso fue "una decisión previsible", ya que "desde el principio las posibilidades de prosperar eran baja", puesto que la sentencia era "muy contundente tanto en la justificación de la expropiación como en la forma en la que se hizo".
"No obstante, por responsabilidad y lealtad institucional la hemos defendido porque debíamos agotar todas las vías judiciales a nuestro alcance para mantener las acciones del Recreativo bajo titularidad municipal o, al menos, lograr que el proceso no culminase antes de encontrar una solución definitiva a la inestabilidad institucional que rodea al club desde hace casi una década", ha detallado.
Asimismo, Muñoz ha subrayado que el recurso ha sido durante este tiempo "una herramienta esencial" para "dar seguridad jurídica al consejo de administración y al propio Ayuntamiento", ya que "gracias a su vigencia se pudo garantizar la estabilidad y las aportaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la sociedad". La sentencia ya firme acatada por el Ayuntamiento es "muy clara" en este sentido, pues "deja al Consistorio sin capacidad legal para intervenir en el club". Es por ello que Muñoz ha enfatizado en la necesidad de "avanzar en el proceso de venta actualmente en curso, donde existe un grupo interesado y que tiene un acuerdo con Gildoy España".
Por ello, confía en que el proceso "culmine de forma satisfactoria a pesar de los retrasos vividos por la complejidad de la operación". Como consecuencia del acatamiento de la sentencia, y como garantía para el pleno funcionamiento de la entidad, el consejo de administración actual ha convocado Junta Extraordinaria de Accionistas para el cese y nombramiento de nuevos miembros el 24 de febrero, al entender que debe ser Gildoy o en su caso los nuevos propietarios, si se ha completado la venta antes de esa fecha, quien nombre a los nuevos rectores de la entidad albiazul.
AVANCES EN LA NUEVA ESTRUCTURA DE GRAN CIUDAD
Por otro lado, la sesión plenaria celebrada este miércoles, ha servido para aprobar inicialmente, con los votos a favor del equipo de Gobierno Popular y Vox y las abstenciones del Grupo Mixto y el PSOE, el Reglamento del Tribunal Económico-Administrativo Municipal, "órgano imprescindible para la nueva estructura de Gran Ciudad".
La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha explicado que la inclusión de la ciudad en el régimen de organización de los municipios de gran población supone unos cambios en la estructura del Ayuntamiento de Huelva que "van a redundar en mejores servicios públicos, más participación y mejor capacidad de respuesta a las necesidades reales de los onubenses".
"El reconocimiento de Huelva como gran ciudad debe servir de impulso para mejorar la organización de la administración, con una gestión más eficaz, que nos permita acceder a mejores inversiones y proyectos", han indicado.
En concreto, el Tribunal Económico-Administrativo Municipal es un órgano de reclamaciones económica-administrativas que funcionará como un tribunal interno para atender a la población, agilizando la toma de decisiones y simplificando la burocracia interna y mejorando el control y la fiscalización del propio Ayuntamiento.
Como consecuencia de la inclusión de la ciudad de Huelva en el régimen de organización de los municipios de gran población, la Ley de Bases del Régimen Local, obliga, entre otros muchos aspectos, a la creación de un órgano para la resolución de las reclamaciones económicas administrativas, con su propio Reglamento Orgánico de funcionamiento. El nuevo reglamento se ha redactado para generar las mínimas cargas administrativas posibles para los ciudadanos, así como los menores costes indirectos, fomentando el uso racional de los recursos públicos, pretendiendo dar una satisfacción administrativa que evite cargas judiciales innecesarias.
Tras la aprobación del Reglamento, que deberá superar un periodo de exposición pública de 30 días para su aprobación definitiva, el Pleno Municipal deberá elegir, también por mayoría absoluta, a los tres miembros que compondrán el nuevo Tribunal Económico-Administrativo Municipal, presidente, secretario y vocal, entre personas de reconocida competencia técnica en materia administrativa y tributaria, valorándose especialmente su experiencia profesional.
