El Gobierno de España ha destacado que el Marco de Actuaciones de Doñana incluye una línea específica dedicada a "la mejora de las condiciones de vida y de habitabilidad de las personas temporeras agrícolas y colectivos en situación de vulnerabilidad" en los asentamientos de esa zona de Huelva, en colaboración con el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, pero señala que atender esta emergencia es "competencia de otras administraciones públicas".
Así lo ha indicado en una respuesta a un pregunta de Sumar en el Congreso de los Diputados, consultadas por Europa Press, con respecto a si el Gobierno tiene previsto realizar una evaluación sobre el terreno y exigir a las autoridades locales y autonómicas el cumplimiento de los compromisos suscritos en la Agenda 2030, en referencia a la situación de los asentamientos de Moguer y Lucena del Puerto.
Al respecto, el Gobierno ha señalado que al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico le "preocupa sobremanera" la situación de estas personas por lo que, en coordinación con la Comunidad Autónoma de Andalucía y las entidades locales competentes en el territorio, ha abierto "un proceso de identificación de soluciones a corto, medio y largo plazo sobre esta materia", dentro del Marco de Actuaciones para Doñana.
En concreto, especifica que la línea 13 de este Marco de Actuaciones ha previsto actuaciones en materia de "prevención y sensibilización, normalización documental, promoción de la inclusión social y laboral y de acceso de las personas temporeras agrícolas al alojamiento dignos", toda vez que ha puntualizado que, el Miteco "procurará que las soluciones que se implementen en este ámbito sean acordes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible descritos en la Agenda 2030".
"Es importante destacar que esta iniciativa va más allá de las actuaciones recogidas en la línea 13 del Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del Espacio Natural Doñana, buscando un enfoque más amplio que abarque las realidades de las personas temporeras agrícolas en la Corona Forestal de Doñana", ha remarcado.
Finalmente, el Gobierno subraya que "de acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, los municipios ejercen como competencia propia la promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera; conservación y rehabilitación de la edificación", así como "la gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica" o "abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales".
Por su parte, Sumar ha señalado que su grupo parlamentario ha "podido constatar" que en los asentamientos de Lucena del Puerto y de Moguer "se siguen sin cumplir las exigencias de salubridad, habitabilidad y condiciones propias de una vida digna que se nombra en el acuerdo suscrito ente el Gobierno y la Junta de Andalucía", así como que "la situación, lejos de mejorar, ha empeorado con basuras y escombros rodeando las infraviviendas" y que el agua que se emplea viene de "balsas de riego abandonadas" y "no hay ni una sola condición de habitabilidad ni humanidad en esos asentamientos".
