El objetivo es ambicioso: posicionar a Huelva como un “destino inclusivo” en el que “la accesibilidad se integra de manera coherente y respetuosa con los derechos humanos”.
Bajo esa premisa, el Ayuntamiento de Huelva acaba de sacar a licitación el servicio de asistencia técnica y consultoría para el diseño del Plan de Accesibilidad Integral de la Ciudad de Huelva.
Con un importe de 96.800 euros y un plazo de ejecución de 12 meses (fragmentado en fases), las empresas interesadas tienen hasta el 24 de abril para presentar sus ofertas.
Según detalla el pliego de prescripciones técnicas, consultado por Viva Huelva, el municipio onubense se presenta ya como un “referente”, al “incorporar la accesibilidad como un pilar fundamental en su estrategia urbana”.
Sin embargo, “resulta imprescindible planificar y asegurar la puesta en marcha de nuevas acciones a través de un Plan de Accesibilidad Integral que responda de manera estructurada y eficiente a las necesidades actuales y futuras, y actúe como dinamizador de la economía local”.
El objetivo del contrato a licitación es establecer una planificación de trabajo en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva que incluya las actuaciones necesarias y priorizadas a fin de mejorar la accesibilidad en el municipio.
Así, el Plan de Accesibilidad “precisa evaluar la situación actual de las infraestructuras, instalaciones y servicios, determinar las mejoras necesarias y/o recomendables y, a raíz de este diagnóstico, proponer una planificación de acciones con una estimación de la inversión necesaria”.
La empresa adjudicataria contará con 12 meses para desarrollar el servicio, debiendo presentar al Ayuntamiento diversos documentos por fases. En el plazo máximo de un mes deberá entregar la planificación previa de los trabajos (fase 1); en seis meses deberá entregar el diagnóstico, en 2025 (fase 2); en diez meses deberá tener listo el plan de actuación y fichas de proyecto (fase 3); y en 12 meses entregará los indicadores de seguimiento de las acciones y cronogramas (fase 4). Estos dos últimos documentos se entregarán ya en 2026.
En la fase de evaluación, destaca el estudio de las barreras existentes, que incluye un “análisis detallado de las barreras actuales que impiden el incumplimiento de la normativa de accesibilidad universal”. Esto incluirá “la identificación de barreras físicas, tecnológicas y de servicios”.
También se evaluarán las infraestructuras existentes, incluyendo “la planificación urbanística, vías públicas, equipamientos, edificios de uso público y baños adaptados”.
En cuanto al plan de actuación, incluirá medidas técnicas y de gestión, participación de personas usuarias, sensibilización y formación a personal municipal y ciudadanía, y sistemas de control y seguimiento.
