El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto al Ayuntamiento de Lepe de toda responsabilidad en las lesiones sufridas por una mujer involucrada en una pelea en las fiestas de 2005, en una sentencia que asegura que quien acuden a una feria se expone a sufrir daños.
La sentencia, que es firme y ha emitido la sección 4 de la sala de lo contencioso administrativo del TSJA, exime de cualquier responsabilidad al Ayuntamiento sobre los daños sufridos el 16 de agosto de 2005 por María del Pilar Camacho, vecina del municipio que ha denunciado a Efe la "indefensión" que sufre tras perder este proceso después de ocho años.
Ha relatado que cuando salía de la Caseta de la Juventud de las fiestas locales se vio envuelta de forma involuntaria en una pelea: "nos íbamos ya, y al salir vimos un tumulto de gente, solo se podía salir de la caseta en fila, pegados, y pasé mucho miedo porque se produjo una gran aglomeración".
Camacho fue golpeada en un tumulto que se produjo entre varios jóvenes, y sufrió una fractura múltiple en un pie de la que tuvo que ser tratada durante un año, así como secuelas psicológicas como enuresis nocturna (incapacidad para retener la orina) y enoclofobia (miedo a las aglomeraciones e gente).
Por todo ello, interpuso una denuncia contra el Ayuntamiento, al que el juez no considera responsable, "a pesar de que solo había una puerta para entrar y salir de la caseta, e incluso la teniente de alcalde dijo al año siguiente que la caseta de la Juventud sería traslada a otro sitio porque hubo muchísimos problemas".
Sin embargo, el juez asegura en la sentencia que, a pesar de que Camacho se quejaba de la falta de dispositivo policial, en los términos denunciados por la mujer "no existirían este tipo de festejos, no habría fiestas ni romerías, donde la bulla es lo propio".
A pesar de que la mujer demostró en el juicio que no había ni policía local ni vigilancia privada en la caseta, la sentencia reza: "sería completamente imposible celebrar una fiesta de tal naturaleza con un policía detrás de cada uno. La alternativa sería, sin más, suprimir este tipo de celebraciones (...) y quien acude a la feria asume un cierto riesgo derivado de toda aglomeración, y sus consecuencias".
María del Pilar Camacho ha señalado, además, que el juez la ha condenado a pagar las costas del proceso judicial, que ascienden a más de 3.000 euros, además de sentirse "ofendida" por una sentencia que, "prácticamente nos dice que no tenemos derecho a salir, y que si salimos nos pueden pasar estas cosas".
