La iglesia de San Lázaro, integrada en el recinto del hospital más antiguo de Sevilla y a la que da su nombre (en el distrito Macarena), se encuentra en “estado de semirruina” desde que fue desacralizada y cerrada al culto en 1998. Adepa ha denunciado la situación ante la Fiscalía, así como varios partidos políticos ya criticaron hace varios años la situación de abandono y de deterioro de este inmueble de estilo gótico-mudéjar del siglo XIII, declarado monumento nacional desde 1964 y Bien de Interés Cultural (BIC).
La asociación conservacionista llegó incluso en 2014 a elevar un primer escrito de denuncia ante la Fiscalía, después de poder acceder al inmueble y de comprobar de primera mano su situación, algo que ahora se repite ya que considera que se cerró la denuncia sin depurar responsabilidades y sin aclarar el paradero de una serie de objetos (bienes y útiles religiosos que albergaba el templo) que la Diputación inventarió cuando en 1998 cedió la iglesia a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, titular del edificio y del hospital desde entonces.
Adepa, que considera que la Junta “tapa sus vergüenzas” al no permitir a las entidades y ciudadanos entrar en el templo para comprobar si el deterioro ha avanzado más en los últimos años, ha vuelto a elevar ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla un escrito fechado el 20 de septiembre, y al que ha tenido acceso Viva Sevilla, en el que solicita que se investigue si, como todo indica y a pesar de las prescripciones legales, “ha existido una omisión en el deber del cuidado del monumento” por parte de las administraciones competentes y en el que pide que se desarrolle la instrucción oportuna “de la que se deduzcan las responsabilidades pertinentes”.
“La última vez que entramos no pudimos hacer fotos para denunciar el abandono y deterioro. Por aquel entonces existía riesgo de derrumbe para su estructura y de su interior nos llamó la atención la falta de algunos elementos como cuadros, esculturas y un cáliz, además de que el retablo renacentista del altar mayor (del siglo XVI) estaba comido por la carcoma”, señala Joaquín Egea, presidente de Adepa, que ahora por estos motivos también denuncia “robo, expolio y destrucción de bienes integrantes en el Patrimonio histórico”.
Para Egea, además de los propietarios de la iglesia de San Lázaro -el Servicio Andaluz de Salud-, la responsabilidad de este inmueble recae en la Consejería de Cultura como último garante patrimonial, que debe garantizar la conservación del patrimonio histórico y velar para que los titulares del edificio cumplan con la normativa. Por ello pide a la Fiscalía “la determinación de las personas criminalmente responsables”.
