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Podemos e IU ponen el punto de mira en los hospitales Pascual

La formación morada pide una auditoria del concierto sanitario de las clínicas con el SAS e IU denuncia las "urgencias a la carta" del hospital de Sanlúcar

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  • Hospital de Sanlúcar -

Podemos presentará en el debate sobre el Estado de la Comunidad, que comienza mañana en el Parlamento andaluz, una resolución para que se audite el convenio de la Junta de Andalucía con las clínicas Pascual, grupo privado que presta servicios sanitarios a unos 250.000 gaditanos.

Esta petición se interesa por el conflicto que mantienen la Junta de Andalucía y este grupo sanitario privado, agravado tras rechazar la Consejería de Salud la firma de un convenio con los hospitales privados de Sanlúcar, Villamartín y El Puerto, este último con un aumento de precio de un 40 por ciento, según Podemos.

El grupo Pascual, denunciado por la Junta de Andalucía por prácticas comerciales desleales, estaría presionado a la administración sanitaria andaluza para que el nuevo convenio incluya a los hospitales de Huelva, Málaga y Cádiz, según Podemos.


El diputado de la formación morada Juan Antonio Gil ha advertido de que este conflicto afecta a la salud de la población y a la situación laboral de los trabajadores de Pascual. También ha reclamado la reversión de los convenios sanitarios suscritos por la Junta de Andalucía con entidades privadas antes de 2019. Podemos ha alertado del crecimiento de la empresa José Manuel Pascual Pascual S.A, gracias a los conciertos suscritos con el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Por otro lado, la parlamentaria andaluza de Izquierda Unida por la provincia de Cádiz, Inmaculada Nieto, ha anunciado que preguntará al consejero de Salud, Aquilino Alonso por las medidas que pone en marcha habitualmente para fiscalizar el cumplimiento del acuerdo firmado con la empresa Pascual en los centros que aún mantienen el concierto. Concretamente, Nieto se interesa por el servicio concertado de urgencias en el Hospital Virgen del Camino de Sanlúcar y la "excesiva derivación" de servicios que trasladan a urgencias del Hospital público de Jerez, algo que para la diputada puede severse, a "una posible medida de presión de Pascual en el conflicto abierto con el SAS".

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