La juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Palma del Condado (Huelva) ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra el empresario de Almonte (Huelva) denunciado en el 2018 por diez temporeras marroquíes por acoso e irregularidades laborales.

Mediante auto de 20 de junio de 2018, la juez incoó diligencias previas por un delito contra los derechos de los trabajadores contra el empresario y acordó que prestaran declaración tanto el investigado como la trabajadora que denunció inicialmente los hechos, quien se personó como acusación en julio del pasado año, tras lo que, posteriormente, se personaron en la causa otras nueve trabajadoras, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado.

En un auto dictado el pasado día 12 de abril, la juez considera que, de las diligencias practicadas durante la instrucción, "no resultan indicios de la comisión de delito alguno", ya que "ni de las inspecciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo ni por la Guardia Civil con motivo de la denuncia se aprecian indicios de las irregularidades denunciadas" que "son negadas por el investigado en su declaración".

De este modo, la instructora manifiesta que "consta la contratación en origen" de esta trabajadora y también el alta en la Seguridad Social por parte de la empresa, "habiendo verificado la Inspección de Trabajo que no apreciaron incumplimientos ni en lo relativo a las condiciones en origen ni en materia de prevención".

En el auto, la juez señala además que la Inspección de Trabajo tampoco apreció "indicios de trato vejatorio o discriminatorio alguno, constatando también el estado correcto de las instalaciones y alojamientos", mientras que los agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo las visitas a la finca y la inspección ocular "no encontraron nada anormal".

Así, subraya que tanto la Guardia Civil como la Inspección de Trabajo "llaman la atención sobre la existencia de un numeroso grupo de trabajadoras que hacían alusión a la falta de veracidad de las imputaciones que las denunciantes realizaban al empresario".

La instructora considera que, en este contexto, la declaración de la primera denunciante, "que modificó parcialmente en sede judicial lo declarado inicialmente en su denuncia, no se considera suficiente, sin que los vídeos aportados corroboren ninguno de los abusos o infracciones que denuncia".

En un escrito elevado al Juzgado el pasado día 11 de febrero, la defensa del empresario investigado solicitó a la juez el sobreseimiento de la causa, lo que ha acordado la juez en este auto que no es firme y contra el que cabe interponer recurso.