La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén juzgará el próximo mes de septiembre a un empresario, identificado como A.O.R., para quien el Ministerio Fiscal pide una pena de cinco años de prisión por haber cobrado a través de dos entidades bancarias más de 500.000 euros gracias a facturas falsas de servicios no prestados realmente a la Empresa Pública de Suelo Andaluz (EPSA).

   Según relata el fiscal en su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado se encargó de elaborar esas facturas falsas por trabajos inexistentes entre abril de 2011 y enero de 2012 "con la intención de obtener dinero en efectivo" dadas "las dificultades económicas que atravesaba la empresa que dirigía".

   De esta manera, decidió "emitir facturas falsas por servicios no prestados a EPSA en las que estampaba el sello oficial de la Gerencia Provincial de Jaén" de dicho organismo, y en cuya "diligencia de toma de razón", para darle "un aspecto de autenticidad" de cara al momento de presentarlas en las correspondientes sucursales bancarias para proceder a su cobro, "simulaba la firma de una de sus trabajadoras".

   En total, en los meses en los que llevó a cabo esa actuación, llegó a cobrar, por parte de una entidad bancaria, un total de 360.808,03 euros a través de 14 facturas falsas, y a través de otra, 119.155,76 euros mediante nueve documentos de esa naturaleza, cantidades cuyo pago posteriormente rechazó el "supuesto deudor", en este caso, EPSA, cuando les fueron presentadas al cobro a través de las entidades financieras.

   Por todo ello, el Ministerio Público pide una pena de cinco años de cárcel al emisor de estas facturas por considerar que los hechos son constitutivos de "un delito de falsedad en documento mercantil como medio de cometer un delito de estafa", así como el pago de una multa de doce meses a razón de diez euros diarios. Además, en concepto de responsabilidad civil, le obliga a devolverle a los dos bancos a los que pasaba las facturas la totalidad del dinero cobrado.